Israelíes exigen rendición de cuentas por fallos del 7 de octubre tres años después

Al amanecer del miércoles, los habitantes del kibutz Kfar Aza, junto a la frontera con Gaza, se reunieron en silencio cerca del arsenal de la comunidad. Allí, el 7 de octubre de 2023, atacantes encabezados por Hamás mataron a la mitad de los 14 integrantes del escuadrón de defensa civil del kibutz. Ese día murieron 64 personas en la comunidad y otras 19 fueron secuestradas.

A tres años de los hechos, el dolor sigue vivo y las preguntas se han multiplicado. Inbar Goldstein, cuyo hermano y sobrina fueron asesinados y cuatro familiares secuestrados, exige que el Estado asuma su responsabilidad. Para ella, el fallo no empezó ni terminó ese día, sino que fue un proceso prolongado de abandono.

El ataque fue el más mortífero que Israel ha sufrido desde su fundación en 1948, con alrededor de 1.200 muertos en el sur del país. Sin embargo, todavía no existe una investigación estatal independiente sobre cómo ocurrió. El primer ministro Benjamín Netanyahu, que estaba al mando en ese momento, se presenta nuevamente a las elecciones con la promesa de proteger al país de sus enemigos.

En los meses previos al ataque, soldadas que vigilaban la frontera habían alertado a sus superiores sobre posibles preparativos. Entre ellas estaba Roni Eshel, quien murió junto a otros 14 miembros de su unidad en la base de Nahal Oz. Su tío, Elad Levy, pide saber qué sucedió no solo ese día, sino también en el año anterior y en los cinco previos.

En los últimos tres años se han publicado informes sobre advertencias dirigidas a Netanyahu, tanto de su propio jefe de seguridad como de países vecinos. Según extractos de un libro publicado por el diario Haaretz, el líder de los Emiratos Árabes Unidos lo llamó diez días antes para alertarlo de un plan de Hamás. La oficina del primer ministro calificó la información de mentira absoluta y anunció que demandará al periódico. Netanyahu niega haber recibido esos reportes.

Netanyahu, por su parte, responsabiliza a sus jefes de seguridad, a quienes acusa de no despertarlo por temor a que ordenara un despliegue masivo. Analistas como Yaacov Katz sostienen que el problema está en la doctrina de contención que el propio Netanyahu impulsó durante años, y en la falta de atención a las señales de alerta. Tras el ataque, el jefe del Estado Mayor, Herzi Halevi, presentó su renuncia tras pedir disculpas públicas, y varios comandantes fueron destituidos. El coronel Richard Hecht dimitió meses después, en parte por la negativa de los líderes políticos a asumir responsabilidades.

Activistas pidieron al Tribunal Supremo que obligue al gobierno a crear una comisión estatal de investigación. Netanyahu se ha opuesto a una comisión dirigida por ese tribunal, al que acusa de estar parcializado en su contra. Su gobierno propuso una alternativa con miembros designados por los partidos, pero dijo que no alcanzó a aprobar la ley antes de que el Parlamento cerrara su sesión en julio.

Las encuestas anticipan una contienda muy reñida, y los atentados pesan en la decisión de muchos votantes. Para sus partidarios, Netanyahu sigue siendo indispensable para la seguridad del país; para sus críticos, su permanencia en el poder es un riesgo.