Los datos desmienten que el panameño no paga sus préstamos

En calles, paradas y redes sociales es común escuchar que el panameño pide dinero prestado y luego deja de pagar. Sin embargo, al revisar las cifras del sistema financiero nacional, la realidad luce distinta. Según el Informe de Actividad Bancaria de la Superintendencia de Bancos de Panamá y las mediciones de APC Experian, la mayoría de los clientes bancarios cumple con sus compromisos.

La morosidad general de la cartera de consumo, que agrupa créditos vencidos y en mora, se mantiene históricamente entre 4% y 6% del total financiado. Dicho de otra forma, por cada 100 dólares prestados en el mercado local, más de 94 dólares se pagan puntualmente o están al día con los términos acordados.

El comportamiento cambia según el tipo de financiamiento. Los préstamos personales y las tarjetas de crédito registran los mayores niveles de atraso, tanto voluntario como involuntario. De acuerdo con los registros del regulador, esos atrasos suelen relacionarse con sobreendeudamiento, pérdida de empleo o cambios imprevistos en los ingresos del hogar.

En cambio, los créditos hipotecarios y los financiamientos para vehículos presentan un cumplimiento considerablemente mayor. La explicación está en la garantía, ya que el inmueble o el vehículo sirven de respaldo y motivan al cliente a pagar para evitar el embargo o la aprehensión del bien.

Quien deja de pagar también enfrenta consecuencias. Según la Ley 24 de 2002, que regula el servicio de información sobre historial de crédito, un incumplimiento superior a 30 días genera un reporte de atraso en la base de datos de APC Experian. Ese registro reduce el puntaje crediticio y puede cerrar el acceso a nuevos préstamos, tarjetas, líneas pospago y compras a plazo. Además, las entidades pueden acudir a la vía judicial, lo que puede derivar en el secuestro de cuentas, la retención de salario dentro de los límites del Código de Trabajo o el remate de bienes.

Otro mito extendido es que las deudas desaparecen con el tiempo. La misma ley establece que los datos sobre saldos en mora deben caducar en la referencia crediticia a los siete años, contados desde el último pago o desde el inicio del incumplimiento. Las autoridades y especialistas advierten, sin embargo, que esto no extingue la obligación de pagar, y el acreedor puede mantener acciones judiciales activas.

En conclusión, las cifras indican que el consumidor panameño, en general, cumple con sus deudas. Aun así, existen sectores con índices de atraso que requieren seguimiento constante por parte de supervisores y bancos.