Fallida ejecución de Christa Pike reabre el debate sobre la pena de muerte

Christa Pike, condenada a muerte en Tennessee, fue llevada a un hospital después de que fracasara un intento de ejecutarla con inyección letal. Su defensa afirmó que, mientras era atendida en una clínica, recibía medidas para preservar su vida tras la aplicación de dos jeringas de pentobarbital. Todavía no está claro qué salió mal en el procedimiento.

Pike, de 50 años, fue sentenciada en 1996 por el asesinato de Colleen Slemmer, una joven de 19 años. Su caso estuvo marcado por una batalla judicial que se extendió durante horas el miércoles, hasta que el procedimiento se frustró. Es el segundo intento fallido en Tennessee durante este año. En mayo, las autoridades suspendieron la ejecución de Tony Carruthers, condenado por el secuestro y asesinato de tres personas en 1994, porque el personal no logró encontrarle una vena para administrar la dosis.

Desde 1976, cuando la Corte Suprema de Estados Unidos levantó la prohibición temporal de la pena capital, 1.683 personas han sido ejecutadas en el país, según el Centro de Información sobre la Pena de Muerte (DPIC). De ese total, solo 18 son mujeres, cerca del 1 %. La misma base de datos indica que en 2025 se llevaron a cabo 47 ejecuciones, la cifra anual más alta desde 2009, frente a las 25 de 2024. Florida concentró 19 de ellas, alrededor del 40 % del total nacional.

El aumento contrasta con la opinión pública. Una encuesta reciente de Gallup encontró que el 52 % de los estadounidenses apoyaba esta práctica en 2025, mientras que el 44 % se oponía, el nivel de rechazo más alto que ha registrado esa firma desde 1966.

La inyección letal sigue siendo el método más usado, con el 89 % de las ejecuciones desde 1976. Sin embargo, la escasez de fármacos ha obligado a varios estados a buscar alternativas. Muchos recurrieron a farmacias de formulación magistral, sujetas a menos controles, y algunas leyes protegen la identidad de los proveedores. Como resultado, algunas ejecuciones se han prolongado y los presos han mostrado signos de dolor. Otros estados han adoptado la hipoxia por nitrógeno, la electrocución o el fusilamiento, que hoy se consideran opciones adicionales.

En abril, el Departamento de Justicia publicó un memorando que pidió ampliar los métodos en las prisiones federales, incluidos los pelotones de fusilamiento, la asfixia con gas y la electrocución. Esa directriz se suma a la decisión del presidente Donald Trump, quien ordenó reanudar las solicitudes de ejecución federales al inicio de su mandato en 2025. Mientras tanto, la pena capital sigue vigente en 27 estados, además de la ley federal y la militar.