Fiscalía sigue rastro de más de $800 mil de Lau Cortés hasta República Dominicana

El exdirector de la Caja de Seguro Social, Enrique Lau Cortés, quedó con detención domiciliaria tras la audiencia de control de garantías realizada este miércoles. La Fiscalía Anticorrupción sostiene que sus cuentas y las de su entorno familiar registraron más de $800 mil en compras de inmuebles, vehículos, obras de arte y otras transacciones entre 2020 y 2023, justo cuando la pandemia de Covid-19 marcaba la agenda mundial.

Según el fiscal Eduardo Rodríguez, quien lleva el caso, la cuenta personal de Lau Cortés tenía unos $6 mil al inicio del periodo analizado. Después se identificaron desembolsos y adquisiciones por cientos de miles de dólares. La investigación también revisa operaciones hechas a través de sociedades y de fondos vinculados a su esposa.

Uno de los ejes es un apartamento en el PH Empire, en Santa María. De acuerdo con la Fiscalía, se pagó a la sociedad Santa María Vicerroy S.A., que según lo expuesto en la audiencia estaría vinculada al empresario Buddi Attie. Desde la cuenta personal salieron $100 mil, y otros $333,073 fueron pagados mediante la esposa. Solo en abril de 2023 se habrían destinado $183 mil al inmueble, y en octubre de 2021, $150,073.98. Las operaciones se hicieron sin financiamiento bancario. Además, el apartamento sigue a nombre de la sociedad y no del exfuncionario ni de sus familiares, algo que el Ministerio Público considera un posible mecanismo para ocultar al verdadero beneficiario.

El caso incluye otros movimientos. La Fiscalía menciona un apartamento en Playa Blanca por $236,500 y una obra de arte por $50 mil, pagada en cinco desembolsos entre enero y septiembre de 2024. También señala $240 mil que salieron de la cuenta de Lau Cortés como aportes voluntarios al Siacap y que regresaron en abril de 2022. Para el Ministerio Público, eso constituye una presunta triangulación de fondos.

Otro punto es $500 mil transferidos a la sociedad Cervecería La 10, que habrían sido enviados a República Dominicana. Según la investigación, esa sociedad estaría vinculada a ciudadanos extranjeros que no se encontrarían en Panamá. La Fiscalía también busca justificar fondos recibidos desde una sociedad dominicana.

La Contraloría había auditado las cuentas del exfuncionario y encontró un incremento patrimonial presuntamente injustificado de $122,553. Durante la investigación penal, sin embargo, el Ministerio Público identificó más de $500 mil en compras de bienes y otros movimientos. Para la Fiscalía, estos montos no corresponden a los ingresos lícitos conocidos. Aclaró que no todas las cifras deben sumarse automáticamente, porque algunas tienen destinos distintos. Hasta ahora, la esposa no ha sido vinculada formalmente con el caso.

La defensa alegó que la pareja tenía plazos fijos cercanos a $456 mil al inicio del periodo, que podrían explicar sus pagos. La Fiscalía respondió que esos depósitos no se usaron para las compras cuestionadas y que, por el contrario, crecieron hasta unos $700 mil, un aumento de aproximadamente $244 mil.

La figura investigada es el enriquecimiento injustificado, que aplica a servidores o exservidores públicos cuando su patrimonio excede notoriamente sus ingresos legítimos y no pueden explicar su origen dentro del año posterior a dejar el cargo. La Fiscalía tiene un plazo de dos días para presentar una eventual apelación contra la medida de detención domiciliaria.