Apoyo a la democracia cae nueve puntos en Panamá

El apoyo a la democracia en Panamá cayó nueve puntos porcentuales, de 54% en 2024 a 45% entre 2025 y 2026, según el informe 2026 de Latinobarómetro, una encuesta regional aplicada cara a cara. Es la mayor baja entre los tres países de la región donde el respaldo retrocedió tras un cambio de gobierno. Bolivia perdió dos puntos y Uruguay seis, mientras el promedio latinoamericano se ubica en 52%.

El estudio atribuye estas bajas a que la alternancia, en estos casos, genera menos esperanza. En Panamá, las elecciones de mayo de 2024 las ganó José Raúl Mulino, a quien el documento describe como delfín de Ricardo Martinelli, condenado por lavado de dinero en el caso New Business. Latinobarómetro también recuerda que Mulino fue investigado y luego absuelto por la compra de radares cuando era ministro de Seguridad Pública.

Otro indicador preocupante es que solo 14% de los panameños afirma que el Estado ha hecho mucho o algo por ellos y su familia en los últimos tres años. En 2011, durante el gobierno de Martinelli, esa cifra era 50%, lo que representa una pérdida de 36 puntos y deja a Panamá junto a Guatemala en el último lugar de la región. Uruguay, por su parte, retrocedió 20 puntos en esa percepción.

En materia de confianza institucional, 86% considera que los impuestos no se gastan bien, la segunda cifra más alta de la región después de Perú, con 89%, frente a un promedio de 78%. Además, 78% no se siente representado por la Asamblea Nacional y solo 15% confía en los partidos políticos. Mientras 77% dice que su vida y la de su familia va por buen camino, apenas 28% cree que el país avanza en la dirección correcta.

Para el abogado Rodrigo Noriega, el deterioro responde a varios factores. Señala el económico, pues la promesa de bienestar de la campaña de 2024 no se ha materializado, y cita una encuesta de la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá según la cual 47% de las familias no come tres veces al día. También menciona el político, con críticas a los diputados, y la ineficiencia del Estado, reflejada en filas para comprar comida barata, buscar medicinas en la Caja de Seguro Social y cobrar la beca del PASE-U.

La abogada y activista por los derechos humanos Magaly Castillo plantea una lectura distinta. Considera que no se trata de falta de fe en la democracia, sino de desencanto, y atribuye la mayor caída a la insatisfacción en empleo, salud y educación. Según ella, los gobiernos cambian y hacen promesas, pero las necesidades siguen sin atenderse.