La OEA evalúa un grupo de países para dialogar con Nicaragua

Los 32 miembros activos de la Organización de Estados Americanos (OEA) analizan este viernes en Washington la creación de un grupo voluntario de países que intente abrir un diálogo con Nicaragua. El país centroamericano está cada vez más aislado en el plano político por la deriva autoritaria de su gobierno.

Los cancilleres o sus representantes ante la organización se reúnen desde las 11:00 de la mañana, hora local, para aprobar una declaración especial sobre Nicaragua. El texto llega después de semanas de negociaciones internas entre los miembros.

El borrador de la declaración expresa la preocupación de la región por el deterioro continuo de la democracia representativa en Nicaragua. Según el documento, la oposición fue excluida de participar en futuras elecciones. Además, propone crear un grupo ministerial voluntario de seguimiento que podría volver a informar a los cancilleres dentro de 60 días.

Nicaragua está gobernada con mano dura por Daniel Ortega y su esposa, Rosario Murillo. La última vez que la OEA convocó una reunión de consulta de urgencia de cancilleres fue a finales de 2019, para tratar medidas contra Venezuela. Desde la detención del líder venezolano Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos, Managua quedó todavía más aislada en una región que ha girado de forma marcada hacia la derecha.

La organización no puede aplicar sanciones ni medidas de aislamiento de manera colectiva contra Nicaragua, que dejó la OEA en noviembre de 2023. Por eso, Estados Unidos y sus aliados buscan que cada miembro se pronuncie públicamente frente al gobierno de Ortega y Murillo. El secretario de Estado, Marco Rubio, impone desde hace meses sanciones a la pareja presidencial, a familiares, a buena parte del gobierno y a empresas públicas. Hace un mes, Rubio pidió a sus socios que pongan fin de inmediato a sus operaciones habituales con el régimen.

Aunque Nicaragua no pertenezca a la OEA, el borrador recuerda que debe respetar la Carta Democrática Interamericana de 2001 y sus compromisos en derechos humanos. Ese es también el criterio de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que examina la situación política y humanitaria del país y la denuncia con frecuencia en sus informes.

El endurecimiento del control sobre la sociedad comenzó tras las protestas de 2018, que dejaron unos 300 muertos según la ONU. La Iglesia católica ha sido uno de los blancos del gobierno, que ha encarcelado y hostigado a obispos y sacerdotes. Muchos dirigentes sandinistas históricos también han sido encarcelados o perseguidos. Mientras tanto, Managua describe a sus opositores como traidores a la patria al servicio de Washington.

El punto más disputado entre los miembros es si la declaración final debe denunciar la influencia extranjera en la región. Una fuente diplomática consultada explicó que la represión en Nicaragua tiene efectos de seguridad, como el crimen transnacional y la persecución de exiliados en países vecinos, pero advirtió que no debe calificarse como amenaza a la paz, porque eso abriría la puerta al uso de la fuerza militar.