La OEA exige elecciones y la liberación de presos políticos en Nicaragua
El organismo aprobó por unanimidad una resolución tras el anuncio de Daniel Ortega de que no habrá más comicios en el país.
La Organización de los Estados Americanos aprobó este viernes, en una reunión extraordinaria de cancilleres realizada en Washington, una resolución que exige al Gobierno de Nicaragua celebrar elecciones y liberar sin condiciones a los presos políticos. El texto fue aprobado por unanimidad y responde al anuncio del presidente Daniel Ortega de que no habrá más comicios en el país.
La resolución también pide recuperar la separación de poderes, informar sobre el paradero de las personas desaparecidas y devolver la nacionalidad a quienes les fue retirada. Sin embargo, no impone sanciones concretas contra Ortega ni contra su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo. El documento fue impulsado por Estados Unidos, Argentina, Colombia, Paraguay, Perú y República Dominicana, y pide a las autoridades nicaragüenses que creen las condiciones para unas elecciones libres, justas e inclusivas.
La asistencia a la cita fue limitada. La OEA había convocado a una reunión extraordinaria de cancilleres, pero solo siete de los 34 Estados miembros enviaron a sus ministros de Exteriores: Guatemala, Paraguay, Jamaica, Perú, República Dominicana, Santa Lucía y Haití. Los demás se hicieron representar por delegados de menor rango. Brasil, que había votado en contra de convocar la reunión, expresó su rechazo a cualquier señalamiento que presente a Nicaragua como una posible amenaza para la paz y la seguridad regionales.
Entre las medidas aprobadas, se creó un grupo ministerial de seguimiento que deberá abrir un diálogo con el Gobierno y con la oposición, y presentar recomendaciones en un plazo de 90 días. Es la primera vez desde 2019, cuando el organismo trató la crisis en Venezuela, que la OEA convoca una reunión de consulta de cancilleres.
El contexto inmediato se remonta al 19 de julio, cuando Ortega afirmó que no habría más elecciones en Nicaragua. Poco después, el Gobierno impulsó una reforma constitucional que impide la participación electoral de personas consideradas traidoras a la patria, una referencia directa a la oposición.
Durante la sesión, el subsecretario de Estado de Estados Unidos, Christopher Landau, denunció que el Gobierno nicaragüense vetó a la nueva embajadora estadounidense, Natasha Franceschi, cuya designación fue ratificada el miércoles por el Senado de ese país. Por su parte, el canciller dominicano, Víctor Ito Bisonó, anunció que su país cerrará la embajada en Managua mientras persistan las condiciones de deterioro democrático.
El secretario general de la OEA, Albert Ramdin, calificó de urgente que Nicaragua recupere el orden constitucional y pidió a los Estados miembros usar herramientas como sanciones económicas que no afecten a la población, además de restricciones financieras y de viaje para ciertas autoridades. La relatora de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para Nicaragua, Rosa María Payá, describió al país como un estado policial que utiliza su red transnacional para intimidar a sus ciudadanos en el exterior.
Nicaragua no estuvo representada en la reunión. El país abandonó la OEA en 2023 por orden de Ortega.
