Piden 12 años de prisión para el médico de cabecera de Maradona
La Fiscalía también pidió penas para otros cinco acusados y la absolución de un séptimo en el juicio por la muerte del astro argentino.
La Fiscalía pidió este jueves doce años de prisión y diez de inhabilitación profesional para Leopoldo Luque, neurocirujano que fue médico de cabecera de Diego Armando Maradona. Luque enfrenta una acusación por homicidio simple con dolo eventual, la figura que los fiscales sostienen en su caso.
Para otros cinco imputados, el requerimiento va de cuatro a diez años de prisión. La coordinadora de cuidados domiciliarios de la empresa de medicina privada Swiss Medical, Nancy Forlini, enfrenta un pedido de diez años de cárcel y otros diez de inhabilitación. Para la psiquiatra Agustina Cosachov, la solicitud es de ocho años de prisión y diez de inhabilitación. Ambas están acusadas del mismo delito que Luque.
El psicólogo Carlos Díaz, el jefe de enfermeros Mariano Perroni y el enfermero Ricardo Almirón están acusados de homicidio culposo. Para Díaz se pidieron cinco años de prisión y diez de inhabilitación. Para Perroni y Almirón, la petición es de cuatro años de prisión y ocho de inhabilitación.
La diferencia entre ambas figuras es clave en el caso. El homicidio con dolo eventual supone que la persona sabía que sus actos podían causar la muerte y, aun así, decidió asumir ese riesgo. En el homicidio culposo no hay esa intención, sino una negligencia o descuido que termina en la muerte.
Los fiscales pidieron además la absolución del médico clínico Pedro Di Spagna, quien atendió a Maradona en una sola oportunidad. Según su postura, Di Spagna no tuvo poder de decisión sobre el tratamiento del paciente.
Maradona murió el 25 de noviembre de 2020 mientras seguía un tratamiento domiciliario. El fiscal Patricio Ferrari sostuvo que los seis acusados que siguen en la causa incumplieron sus obligaciones, actuaron en contra de las reglas de la medicina, omitieron acciones necesarias y dejaron al astro en un estado de abandono.
El juicio comenzó el 14 de abril ante el Tribunal Oral en lo Criminal N° 7 de San Isidro, en las afueras de Buenos Aires. Durante el proceso hubo 45 audiencias, se escucharon 75 testimonios y se expusieron cerca de cien mensajes extraídos de los teléfonos de los acusados. Ahora corresponde al tribunal decidir la sentencia.