La Corte admite casación de Cucalón y Morales en caso Cobranzas del Istmo
El alto tribunal también rechazó una aclaración relacionada con Cristóbal Salerno y envió el expediente al procurador general para su concepto.
La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia admitió los recursos de casación presentados a favor de Luis Enrique Cucalón Uribe y Dora Luz Morales Rodríguez. Ambos buscan revertir la sentencia condenatoria de segunda instancia dictada por el Tribunal Superior de Liquidación de Causas Penales, dentro del proceso por blanqueo de capitales vinculado a la empresa Cobranzas del Istmo, S.A., en perjuicio del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). La decisión quedó publicada mediante el Edicto No. 106, fijado el 6 de noviembre en la Secretaría de la Corte.
En la misma resolución, el tribunal rechazó por improcedente una solicitud de aclaración presentada por el abogado Rorix Javier Núñez Morales. La petición se refería a la resolución del 18 de agosto de 2026, que no admitió el recurso de casación de Cristóbal Humberto Salerno Ballestas. Además, los magistrados ordenaron enviar el expediente al procurador general de la Nación para que emita su concepto dentro del término legal.
El caso se originó en una resolución del 13 de octubre de 2015 de la Fiscalía Cuarta Anticorrupción, que remitió actuaciones por presuntos delitos de peculado y corrupción de servidores públicos. La investigación examinó la contratación directa de Cobranzas del Istmo como gestora de cobro de la cartera morosa del Estado, mediante el contrato No. 100 del 25 de agosto de 2010. Cucalón se desempeñaba entonces como administrador de la entonces Autoridad Nacional de Ingresos Públicos (ANIP), y se le cuestionó por presuntamente omitir procedimientos de la ley de contrataciones públicas para facilitar esa incorporación.
Según los antecedentes, el Estado pagó $47,129,415.66 a la empresa. Una auditoría de la Contraloría General de la República estimó una lesión al erario por $29,561,501.67. Salerno reintegró $20,699,982.98 a la Cuenta Única del Tesoro Nacional, por lo que el expediente calculó un perjuicio pendiente de $8,861,518.69. La auditoría también señaló irregularidades en el manejo de la cartera, como el cobro de comisiones por contribuyentes que ya estaban en cobro coactivo y por gestiones realizadas antes del vencimiento de algunos pagos.
El proceso incluyó además transferencias por $32,646,823.48 hechas entre 2011 y 2014 desde una cuenta de la empresa gestora a favor de Langton International Holding Limited. De acuerdo con el expediente, esos fondos pasaron por esa sociedad y luego se destinaron a otras compañías relacionadas con Salerno, entre ellas Strategic Hotel Alliance, Inc., vinculada con Cucalón.
En primera instancia, el tribunal declaró penalmente responsables por blanqueo de capitales a Cucalón y Salerno, a quienes impuso 100 meses de prisión, y a Morales, a quien condenó a 80 meses. También fijó inhabilitación para ejercer funciones públicas por igual término, una vez cumplida la pena principal. Salerno ya había sido condenado en 2018 por peculado y corrupción de servidores públicos tras aceptar cargos mediante un acuerdo de pena. Con la admisión de los recursos, el caso avanza ahora a la etapa de análisis de la casación.