La CIDH cierra en Panamá una semana de audiencias sobre derechos humanos

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos concluyó este viernes su 197 periodo de sesiones, realizado en Ciudad de Panamá, tras celebrar durante la semana 29 audiencias en la sede del Parlamento Latinoamericano (Parlatino). Según su presidente, Edgar Stuardo Ralón Orellana, las jornadas funcionaron como un espacio de diálogo y escucha con Estados, víctimas, personas defensoras y organizaciones de la sociedad civil, y en varias sesiones las salas estuvieron llenas.

Los temas fueron variados. Entre ellos figuraron el acceso a la justicia, la situación de las personas privadas de libertad en El Salvador bajo el estado de excepción, los discursos de odio contra la comunidad LGBTIQ+, los derechos reproductivos y la infancia migrante. En las audiencias sobre El Salvador, organizaciones sociales, relatores y comisionados expresaron escepticismo frente al plan anunciado por Nayib Bukele para otorgar beneficios carcelarios al 50 % de los colaboradores de pandillas encarcelados.

En otra audiencia, Estados Unidos rechazó los señalamientos de organizaciones que denunciaron ataques continuos contra la libertad de expresión y de asociación en colegios y universidades, durante la primera y la segunda administración de Donald Trump. En el mismo bloque de sesiones se trató el acceso a anticonceptivos de emergencia en Honduras, y organizaciones alertaron sobre el aumento de discursos de odio contra personas LGBTIQ+ en Centroamérica.

Líderes indígenas y activistas también denunciaron que la explotación de minerales críticos en América Latina suele darse mediante acuerdos nacionales negociados sin transparencia, lo que pone en riesgo la vida de las comunidades. Ralón explicó que, después de las audiencias, cada comisionado recibe encargos específicos, porque el trabajo se organiza por relatorías de país y cada relator dará seguimiento a los temas de su nación.

Para cerrar el periodo, la comisión analizó dos casos. El primero es el de Colombia, sobre Eudaldo León Díaz Salgado, alcalde de una localidad del norte del país, que fue hallado muerto el 10 de abril de 2003, unos dos meses después de advertir al expresidente Álvaro Uribe que sería asesinado por orden de dirigentes políticos de la zona. El segundo es el de Paraguay, sobre el expresidente Fernando Armindo Lugo Jiménez, destituido en 2012 mediante un juicio político que la CIDH consideró arbitrario y sumario, en violación de derechos reconocidos en la Convención Americana.