Arquidiócesis de Panamá admite 37 denuncias de abuso y Ulloa pide perdón

La Arquidiócesis de Panamá reconoció que en sus archivos constan 37 denuncias de abusos sexuales contra menores de edad y personas adultas en situación de vulnerabilidad. Los hechos ocurrieron entre 2001 y 2025 y están relacionados con miembros de la Iglesia católica. De ese total, 24 corresponden a situaciones en las que la institución tenía una responsabilidad evaluable. La revisión se presentó el martes 22 de septiembre en la Universidad Santa María la Antigua, con la presencia del procurador Luis Carlos Gómez Rudy. Durante la sustentación, el arzobispo José Domingo Ulloa pidió perdón a las víctimas y reconoció que la respuesta institucional no estuvo a la altura de lo que necesitaban.

En nueve de las denuncias analizadas hubo al menos una víctima menor de edad, mientras que en 11 estuvieron involucradas personas adultas en situación de vulnerabilidad. Ninguna de las 24 denuncias evaluadas fue trasladada al Ministerio Público. El estudio fue realizado por un equipo académico internacional de la Universidad de Notre Dame, en Estados Unidos, y de la Universidad Villanueva, en España. Los investigadores revisaron la documentación disponible desde los ámbitos jurídico canónico, clínico, psicológico, teológico pastoral, comunicacional y sociocultural.

El sacerdote Jordi Pujol, coordinador de la Comisión de Transparencia de la Arquidiócesis, explicó que durante buena parte del periodo la gestión se centró en el procedimiento y en el acusado. La víctima recibió más atención solo en años recientes. Según los archivos, el acusado fue entrevistado en ocho casos, mientras que la víctima lo fue en apenas dos. En una primera etapa, algunos casos se manejaron de forma privada entre el arzobispo y el sacerdote involucrado, sin constancia de que se acudiera a las autoridades. A partir de 2015 aumentaron los procedimientos y la documentación, aunque no existe una trazabilidad completa.

De los 24 casos con responsabilidad evaluable, siete tienen una investigación documentada y dos cuentan con una resolución. No hay constancia escrita de que esas resoluciones se notificaran a las partes, y no siempre fue posible establecer si hubo sanciones ni cómo se supervisó su cumplimiento. Pujol aclaró que la falta de documentación no permite concluir que haya habido impunidad, pero sí dificulta reconstruir lo ocurrido. Además, las obligaciones de denuncia ante la justicia civil cambiaron durante los 25 años examinados, por lo que en algunos expedientes no se puede determinar si los hechos fueron comunicados a las autoridades competentes.

El informe también encontró un vacío en la reparación y el acompañamiento. En ninguno de los 24 casos consta una evaluación documentada del daño sufrido por la víctima. Como ejemplo positivo, se mencionó un acompañamiento completo realizado en 2015 por una congregación religiosa. Pujol indicó que el derecho canónico aún no reconoce a la víctima como parte de los procesos, y que en 2019 se eliminó el secreto pontificio para estos casos, lo que facilitó la comunicación de información. Las consultas arrojaron 383 respuestas: 45 personas dijeron conocer o sospechar de situaciones de abuso, pero solo 21 las reportaron. Entre los obstáculos señalados están la falta de claridad sobre cómo denunciar, el temor a represalias y la presión para proteger a la institución.

Desde 2024, la Arquidiócesis cuenta con la Pastoral del Cuidado y Prevención y con una Oficina de Escucha, aunque Pujol señaló que aún es pronto para evaluar su funcionamiento. El equipo formuló 24 recomendaciones en cuatro áreas: trazabilidad, atención a las víctimas, prevención y formación, y gobernanza. Para los próximos 12 meses se priorizaron seis, entre ellas un sistema único de registro, expedientes completos y una persona de enlace que mantenga informada a la víctima. Pujol aclaró que estas propuestas no son decisiones tomadas, y que corresponde al arzobispo y a sus colaboradores definir cuáles se aplicarán y cómo.