Kast retira su reforma de seguridad tras el escaso respaldo en el Congreso chileno

El Gobierno del presidente chileno José Antonio Kast anunció el retiro de su proyecto de reforma a la seguridad en el Congreso. La iniciativa recibió pocos apoyos y fuertes críticas de distintos sectores políticos, incluido el propio oficialismo, lo que terminó por pesar en la decisión.

El paquete planteaba ocho modificaciones a la Constitución. La más polémica era la creación de un estado crítico de excepción que podría decretarse por 240 días sin aprobación del Parlamento. Durante ese periodo se restringirían libertades de movimiento y de reunión ante una grave amenaza a la seguridad pública.

El retiro se formalizó el martes por la noche y representa un golpe considerable para el mandatario, al que se ubica en la ultraderecha. El endurecimiento de la seguridad fue uno de los ejes de su campaña electoral, centrada en la mano dura contra el crimen.

Mientras tanto, una comisión del Senado trabajaba en una propuesta alternativa para sustituir la iniciativa del Ejecutivo. El Gobierno decidió respaldar ese nuevo texto, que fue ingresado formalmente el miércoles. El ministro del Interior, Claudio Alvarado, explicó en un mensaje televisado desde el Congreso que, por el trabajo realizado por los senadores y por el respeto a los acuerdos, el Ejecutivo no insistiría con la reforma original.

La propuesta inicial había sido criticada por legisladores de varios bloques, incluidos aliados de derecha y miembros de la coalición de gobierno. La organización internacional Human Rights Watch también expresó preocupación por el estado de excepción y por otras facultades previstas, como la interceptación de comunicaciones y la requisición de bienes. En septiembre, cientos de personas se movilizaron en Santiago para rechazar las reformas, y hubo enfrentamientos con la policía.

Chile sigue siendo uno de los países más seguros de América Latina, pero los homicidios y los secuestros han aumentado en los últimos años, en parte por la llegada de bandas criminales como el Tren de Aragua. Con el giro del Gobierno, el debate sobre cómo responder a ese aumento pasa ahora a la propuesta del Senado.