Justicia civil resuelve casos en meses, pero advierte recorte a inversión

El magistrado y vicepresidente de la Corte Suprema de Justicia, Olmedo Arrocha, presentó el balance del primer año de implementación del nuevo sistema procesal civil. Según su exposición, la justicia civil está dando respuestas en menos tiempo, pero advirtió que mantener esos avances depende de contar con recursos suficientes, y que el recorte presupuestario a inversión pone en riesgo la continuidad del proyecto.

Arrocha indicó que los procesos que antes tardaban alrededor de tres años en primera instancia ahora se resuelven en cuatro o cinco meses. Para el magistrado, esa reducción representa un ahorro de tiempo y de dinero tanto para las partes que acuden a los tribunales como para la administración de justicia.

Sin embargo, la continuidad de iniciativas como esta enfrenta límites presupuestarios. El Órgano Judicial solicitó alrededor de $390 millones y recibió una asignación de $350 millones, una diferencia aproximada de $40 millones. De acuerdo con Arrocha, lo pedido representaba un aumento del 9% frente al año anterior, y el recorte se concentró en los recursos destinados a inversión.

El magistrado señaló que la implementación del nuevo sistema ha sido posible gracias a ahorros dentro del presupuesto del Órgano Judicial y a la decisión de priorizarla, lo que obligó a dejar en pausa otras iniciativas importantes para el servicio de justicia. Además, defendió el manejo de los recursos institucionales y sostuvo que una justicia de calidad necesita inversión para dar respuestas a la población y garantizar seguridad jurídica. Afirmó que el presupuesto del Órgano Judicial representa menos del 1% del presupuesto general del Estado y pidió valorar el aporte de la administración de justicia a la competitividad, la economía y el crecimiento del país.

Durante la rendición de cuentas, Arrocha reconoció que todavía hay aspectos por mejorar, aunque aseguró que los tiempos de respuesta muestran resultados favorables. Explicó que uno de los objetivos de la reforma es frenar el crecimiento de la mora judicial y reducir la espera de quienes buscan resolver un conflicto en los tribunales.

Para el magistrado, la reducción en la duración de los procesos evidencia avances en la implementación. El reto, según planteó, es asegurar los recursos necesarios para sostenerlos y seguir mejorando la atención a los usuarios.