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Juez da 14 días al Gobierno de Trump para justificar legalmente ataques a lanchas

Un tribunal federal de Nueva York pide el memorando del Departamento de Justicia que sustenta los bombardeos contra embarcaciones sospechosas de narcotráfico.

Mesa Internacional, 2:52 p.m. · 2 min de lectura
Juez da 14 días al Gobierno de Trump para justificar legalmente ataques a lanchas

Un juez federal de Estados Unidos exigió este miércoles al Gobierno de Donald Trump que entregue, en un plazo de 14 días, el documento que recoge la base legal de los ataques contra lanchas en aguas del Caribe y el Pacífico.

Desde septiembre de 2025, la administración ha realizado más de 70 ataques contra embarcaciones acusadas de transportar drogas. Según la información reportada, estas operaciones han dejado al menos 230 muertos.

El magistrado Paul Engelmayer, del Tribunal del Distrito Sur de Nueva York, pidió que el memorando del Departamento de Justicia fechado en septiembre de 2025 le sea entregado de forma privada. Ese texto analiza la justificación jurídica de los ataques militares letales contra naves supuestamente vinculadas al narcotráfico.

Según el caso, se trata de un documento de la Oficina de Asesoría Jurídica del Departamento de Justicia, conocida por sus siglas en inglés como OLC, en el que el propio Gobierno federal examina la autoridad del presidente para ordenar ataques letales con drones o de otro tipo. El documento se elaboró cuando el Departamento de Defensa comenzó oficialmente a ejecutar estas operaciones.

Además, el juez pidió a la administración que informe quién ha tenido acceso al texto, cuándo lo recibió y con qué propósito. También solicitó una base de datos completa que explique por qué esas personas sí pudieron consultarlo.

El proceso surgió tras una demanda presentada por grupos de derechos civiles. El Centro para los Derechos Constitucionales, la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) y su rama de Nueva York (NYCLU) acudieron a la corte del distrito sur de la ciudad luego de que el Gobierno no respondiera a una solicitud hecha al amparo de la Ley de Libertad de Información (FOIA, por sus siglas en inglés).

La decisión obliga al Ejecutivo a responder en un plazo corto, y el resultado podría determinar si la justificación legal de estas operaciones se hace pública.

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