Jueces panameños se capacitan para calcular el costo económico del daño ambiental
MiAmbiente impartió una formación a magistrados del Órgano Judicial sobre metodologías para valorar daños por contaminación, tala, quemas, caza y pesca ilegal.
El Ministerio de Ambiente (MiAmbiente) impartió una capacitación a jueces del Órgano Judicial con un objetivo concreto: aprender a determinar cuánto cuesta, en términos económicos, el daño que sufren los recursos naturales. La formación se desarrolló del 28 al 30 de octubre y abordó la contaminación del agua, la tala, la quema de bosques y la caza y pesca ilegal.
La jornada buscó entregar criterios técnicos, jurídicos y económicos que sirvan para sustentar la valoración del daño ambiental y respaldar la aplicación de sanciones monetarias. Según la información oficial, también se revisaron los parámetros para estimar sanciones cuando un proyecto incumple las medidas de mitigación fijadas en sus Estudios de Impacto Ambiental (EsIA).
La capacitación estuvo a cargo de la Dirección de Política Ambiental, a través de su Departamento de Economía Ambiental. Los magistrados conocieron los procedimientos y metodologías que la institución emplea para calcular el valor de los daños a los recursos naturales, y revisaron herramientas de valoración económica aplicables a distintos tipos de infracciones.
El programa incluyó además el análisis y la caracterización de información recopilada en campo, un componente clave para que las cifras presentadas en un proceso judicial tengan respaldo técnico.
Eustorgio Jaén, jefe del Departamento de Economía Ambiental, explicó que la riqueza natural del país exige herramientas que permitan fundamentar estas evaluaciones. En sus palabras, Panamá necesita capacidades técnicas basadas en ciencia para medir los daños que causan los infractores, lo que a su vez contribuye a decisiones judiciales justas y firmes orientadas a proteger ese patrimonio.
La iniciativa apunta a que los tribunales cuenten con bases sólidas al momento de imponer sanciones económicas por delitos y faltas contra el ambiente, en un contexto en el que la valoración del daño suele ser uno de los puntos más complejos de los procesos.