Gamboa Arosemena cuestiona la democracia panameña mientras avanzan las reformas electorales

La discusión sobre las reformas electorales en Panamá volvió al centro del debate político, con posiciones encontradas entre dirigentes y diputados. Los temas más sensibles son el financiamiento de las campañas, las reglas de votación y la forma en que avanza el proyecto en la Asamblea Nacional. Mientras algunos sectores cuestionan cómo se ha desarrollado la discusión, diputados de distintas bancadas defienden que se alcancen acuerdos antes de modificar la legislación electoral.

Jorge Gamboa Arosemena, dirigente del Partido Panameñista, criticó en el programa Debate Abierto el sistema político del país al referirse a los cambios que se discuten. Según su planteamiento, los problemas que se repiten en estos procesos evidencian fallas en el funcionamiento democrático. Cuestionó que se considere que Panamá funciona plenamente como democracia, porque a su juicio persisten prácticas que la afectan. También fue crítico con el desempeño de las instituciones públicas y habló de una situación de desorden institucional.

En la Asamblea, el debate también enfrenta a diputados de Vamos y Realizando Metas. El diputado Luis Duke, de Vamos, indicó que su bancada propone reducir el financiamiento electoral del 1 % al 0.5 % de los ingresos corrientes, lo que equivale a bajarlo a la mitad del porcentaje considerado actualmente. La propuesta forma parte de la discusión sobre cuántos recursos se destinan a las campañas y bajo qué condiciones partidos y candidatos pueden recibir aportes.

El diputado Alaín Cedeño, de Realizando Metas, sostuvo que el financiamiento debe evaluarse durante el segundo debate y no quedar solo en manos de los integrantes de la comisión. Planteó que los acuerdos sobre el dinero destinado a las elecciones deben discutirse con el conjunto de los diputados. Explicó que las decisiones sobre la legislación electoral pueden favorecer o perjudicar a distintos actores según las circunstancias de cada elección. Además, destacó que la norma debe ser imparcial y que su elaboración involucre al Tribunal Electoral y a los sectores que participan en el proceso.

Cedeño recordó que, durante el primer debate, se aprobó una resolución con mecanismos para discutir la reforma. Ese acuerdo contemplaba la participación de representantes de la sociedad civil y de diputados que no forman parte de la comisión. Su posición apunta a garantizar un proceso amplio antes de definir el contenido final de los cambios.

Por su parte, Duke consideró que el Tribunal Electoral ha mantenido una posición coherente frente al avance de las reformas. Según su interpretación, el rechazo expresado por el organismo responde a aspectos del proyecto que, a su juicio, no se están desarrollando de manera adecuada. Duke sostuvo que esa postura no debe verse como una oposición por oponerse, sino como una respuesta a elementos concretos del proceso.