Inseguridad y pobreza marcan la calidad de vida en Panamá
El IX Informe de Calidad de Vida revela que el 71 % de los panameños considera el país inseguro, aunque solo el 16 % fue víctima de un delito en el último año.
El 71 % de los panameños considera que el país es inseguro, aunque apenas el 16 % afirma haber sido víctima de algún delito en los últimos 12 meses. Así lo recoge el IX Informe de Calidad de Vida, presentado este martes en la ciudad de Panamá.
El estudio fue elaborado por la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (CCIAP), junto con el Observatorio Panamá ¡cuéntame! y otros aliados, entre ellos agencias de las Naciones Unidas, Gallup de Panamá y la Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana, capítulo de Transparencia Internacional.
La percepción de inseguridad varía según la provincia. En Panamá, donde está la capital, el 83 % de los encuestados dice vivir en un entorno inseguro. En cambio, Colón y Los Santos registran un 52 %, el porcentaje más bajo entre las provincias mencionadas.
Los resultados llegan en un momento en que los homicidios han aumentado. Según el estudio, los asesinatos subieron un 8 % hasta junio de 2026, en comparación con el mismo período del año anterior. El informe también menciona la violencia ligada a pandillas vinculadas al crimen organizado, factor que ha reforzado la preocupación ciudadana.
El documento registra además un aumento considerable en la tasa de denuncias entre 2017 y 2025. En ese lapso se contabilizaron, en promedio, más de 90.000 denuncias al año, con una tasa media de 2.094,5 delitos denunciados por cada 100.000 habitantes, según datos oficiales utilizados en el análisis. En materia de robos, antes de la pandemia de covid-19 se producía uno cada seis minutos en promedio. Para 2025, la frecuencia bajó apenas a uno cada siete minutos, aproximadamente.
Renán Arjona, coordinador del Observatorio Panamá ¡cuéntame!, advirtió que los retos del país van más allá de la seguridad. Según él, Panamá enfrenta problemas entrelazados como pobreza, desigualdad territorial, exclusión educativa, informalidad laboral, brechas en salud, dificultades de vivienda, congestión urbana y riesgos ambientales, que se alimentan entre sí. Arjona sostuvo que el desafío consiste en convertir el crecimiento económico en oportunidades y bienestar sostenible para toda la población, cerrando las brechas entre regiones.
Uno de los datos más preocupantes se relaciona con la seguridad alimentaria. En promedio, el 47 % de los hogares consultados afirmó que, durante el último mes, comió menos de tres veces al día por falta de dinero para comprar alimentos. En las comarcas indígenas la cifra sube al 74 % de los hogares.
El estudio evaluó dimensiones como educación, salud, empleo, seguridad, inclusión financiera, vivienda, servicios públicos, medio ambiente, movilidad, demografía, pobreza y desigualdad.