Imputan peculado por $964 mil en la AIG y jueza dicta medidas cautelares

El Ministerio Público imputó cargos de presunto peculado a tres personas por una contratación tecnológica que, según la investigación, habría causado una lesión patrimonial de $964,620 al Estado. La jueza de garantías dictó medidas cautelares en la audiencia celebrada este miércoles 28 de octubre.

Karen Ortega deberá permanecer en el país y no puede acercarse a las instalaciones de la Autoridad Nacional para la Innovación Gubernamental (AIG). Mario Gálvez y Raúl Millán, por su parte, quedaron obligados a presentarse de forma periódica cada mes ante las autoridades.

La decisión forma parte de la Operación Cumulus, una investigación sobre presuntas irregularidades en la compra de un sistema de planificación de continuidad de negocios y recuperación ante desastres tecnológicos para instituciones públicas. La pesquisa penal inició en diciembre de 2025, tras un informe de auditoría de la Contraloría General de la República que detectó anomalías en ese proceso.

La contratación se hizo en 2014 con la empresa AB Network, S. A. Los tres imputados integraron la comisión evaluadora que participó en la adquisición. La plataforma buscaba que las instituciones públicas pudieran mantener sus operaciones y recuperar sus servicios informáticos ante fallas, interrupciones o emergencias.

Según lo expuesto, el sistema tuvo un uso limitado en algunas entidades estatales y luego dejó de utilizarse. Durante la audiencia se cuestionó su utilidad para determinadas instituciones y su compatibilidad con los sistemas existentes.

También se discutió la participación de cada imputado y la presunta intención dolosa que sustenta la acusación. En ese debate, se indicó que la necesidad de una plataforma de este tipo surgió del Consejo de Innovación Gubernamental, mientras que el contrato fue firmado por el entonces director de la AIG, Eduardo Jaén, y refrendado por la Contraloría.

La investigación deberá precisar el papel de cada uno de los imputados y determinar si existen elementos suficientes para atribuirles responsabilidad penal por las irregularidades señaladas en la contratación.