Icaza destaca bajo número de heridos y anuncia auditoría posterior de fondos de emergencia

A nueve días del terremoto que golpeó principalmente la región de Azuero, el secretario de Metas, José Ramón Icaza, destacó que el número de heridos fue bajo para un sismo de esa magnitud. El movimiento dejó una víctima fatal. Así lo expresó durante una entrevista en la que también repasó las acciones del Gobierno tras la emergencia.

Según explicó el funcionario, la respuesta oficial se desplegó a nivel nacional para ofrecer atención médica, alimentación y artículos de primera necesidad a las familias afectadas. Las autoridades también trabajan en mejorar las condiciones de los albergues, donde las personas reciben refugio mientras avanza el proceso de reconstrucción. De acuerdo con cifras del Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc), cerca de 24 mil personas ya fueron evaluadas.

Icaza indicó que las viviendas presentan distintos niveles de daño. Por eso, cada caso se revisa para definir si la casa puede repararse y sus ocupantes regresar, o si deben seguir en albergues. El secretario advirtió que los albergues son una solución inmediata, pero no sostenible, por lo que el reto es garantizar la calidad de vida de las familias.

En cuanto al manejo del dinero, el funcionario aseguró que se establecieron mecanismos de fiscalización para dar transparencia al uso de los recursos públicos. Explicó que la resolución que declara el estado de emergencia creó una comisión de alto nivel encargada de fiscalizar, y que corresponderá a la Contraloría realizar la auditoría posterior. Icaza también anunció que se contempla crear un fideicomiso en el Banco Nacional, con fondos de las vigencias fiscales de 2026 y 2027, para agilizar los pagos a contratistas sin poner en riesgo el techo de responsabilidad fiscal.

Sobre los fondos de la descentralización, el funcionario aclaró que no forman parte de los 100 millones destinados al estado de emergencia. Detalló que se habilitan 10 mil dólares por representante y 20 mil dólares por alcalde, un proceso trabajado con la Asociación de Municipios de Panamá (Amupa), la Contraloría y el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). Además, se creó una contabilidad digital para dar visibilidad al uso de esos fondos y facilitar su fiscalización.

Icaza precisó que esos recursos están pensados para atender las necesidades más urgentes de los habitantes de cada distrito o corregimiento, no para reconstruir. La reconstrucción, dijo, estará a cargo del Gobierno central.