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POLÍTICA

Gobierno español anuncia paralización de desalojos hasta 2030 y nuevas reglas para alquileres

Las medidas buscan responder a las protestas por la vivienda, pero todavía deben pasar por el Parlamento, donde el Ejecutivo no tiene mayoría.

Mesa Internacional, 8:54 a.m. · 2 min de lectura
Gobierno español anuncia paralización de desalojos hasta 2030 y nuevas reglas para alquileres

El Gobierno de España anunció un paquete de medidas para contener la crisis de vivienda que incluye la paralización de los desalojos hasta 2030 y la renovación automática de los contratos de alquiler. La ministra de Sanidad, Mónica García, adelantó las iniciativas en la red social X tras las negociaciones dentro de la coalición gubernamental.

Las propuestas deberán incorporarse a dos textos que luego tendrán que ser votados en el Parlamento. El Ejecutivo de Pedro Sánchez no cuenta con mayoría parlamentaria, así que necesitará el respaldo de otras fuerzas políticas para que las medidas se conviertan en normas.

Entre los anuncios figura también la intención de establecer una prohibición de la compra de viviendas por parte de los fondos buitre, según explicó García. Estos fondos de inversión, junto con las plataformas de alquiler turístico de corta duración, están entre los principales blancos de las protestas. Los manifestantes sostienen que la compra de viviendas por fondos y el crecimiento de los alquileres turísticos encarecen los precios y reducen la oferta disponible para los residentes.

El Ejecutivo también prevé regular los alquileres de temporada y de habitaciones, modalidades que han ganado peso en el mercado inmobiliario español. La intención declarada es ampliar la protección de los inquilinos y atender distintas formas de arrendamiento que, según los movimientos sociales, han dificultado el acceso a la vivienda.

El paquete ha sido denominado “decreto Maricarmen”, en referencia al caso de una mujer de 87 años que fue desalojada recientemente de la casa donde había vivido unas siete décadas. La propiedad había sido adquirida por una empresa inversora. El caso provocó una fuerte reacción social y reabrió el debate público sobre el acceso a la vivienda. El desalojo ocurrió a menos de un año de las elecciones legislativas previstas para 2027.

Desde el sábado, varios cientos de manifestantes y activistas ocupan la Puerta del Sol, en el centro de Madrid, para exigir mayores garantías para los inquilinos. Las movilizaciones han sido impulsadas, entre otros colectivos, por el Sindicato de Inquilinos, que pide cambios en la legislación de arrendamientos. Una de sus principales demandas es instaurar contratos de alquiler indefinidos, en lugar de los cinco años de duración que contempla hoy la ley.

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