Gobierno detalla cómo se contratará la reconstrucción tras el terremoto
Dos fideicomisos manejarán los recursos, el Miviot tramita cotizaciones en línea y la Contraloría fiscalizará cada contrato.
El Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (Miviot) ya tramita cotizaciones en línea por medio de Panamá Compra para reconstruir las viviendas derrumbadas por el terremoto del viernes 9 de octubre. Así lo explicó el ministro para Asuntos del Canal, José Ramón Icaza, durante una conferencia de prensa sobre la emergencia. Según el funcionario, el estado de emergencia permite usar este mecanismo, previsto en la Ley 22 de contrataciones públicas, manteniendo precios competitivos de mercado. Icaza prometió informar sobre las cotizaciones a medida que avancen los procesos.
El Consejo de Gabinete declaró la emergencia el sábado 10 de octubre, lo que abrió la puerta a esas contrataciones casi expeditas. Icaza indicó que algunas constructoras, sin precisar cuáles, empezaron a trasladar materiales a las provincias afectadas, mientras continúa la remoción de escombros. El Miviot envió camiones con bloques, acero, puertas, ventanas y láminas de zinc hacia sus depósitos regionales.
El control de las contrataciones tendrá tres niveles. El primero recae en una comisión de alto nivel integrada por Icaza y el ministro de la Presidencia, Juan Carlos Orillac. El segundo corresponde a la Contraloría General, a cargo de Anel Flores, que hará un control posterior de cada contrato. El tercero es un informe sobre el uso de los fondos al terminar la vigencia del decreto de emergencia.
El martes, el Gabinete aprobó el proyecto de ley 13-26, que modifica al menos 19 artículos de la Ley 22. El Ejecutivo lo presenta como una forma de modernizar las contrataciones y reducir la dilación sin perder controles. El proyecto pasará ahora a la Asamblea Nacional. Además, se aprobó una resolución para tramitar la exoneración de tasas y contribuciones en las obras de reparación y reconstrucción.
El ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman, informó que su despacho y el Banco Nacional de Panamá constituyeron un fideicomiso con el refrendo de la Contraloría. En esa cuenta entrarán primero las donaciones de organismos como el BID, CAF, el BCIE, el FMI y el Banco Mundial, además de los pagos de seguros contra catástrofes que contrata el Estado. Los préstamos quedan en pausa, y el Gobierno solo recurriría a líneas de crédito si las donaciones no alcanzan. Desde ese fideicomiso, el MEF repartirá fondos a ministerios como Obras Públicas, Vivienda y Educación, y a las juntas comunales, que deberán demostrar que cada gasto responde a daños del sismo.
Aparte, un segundo fideicomiso funcionará en la Caja de Ahorros para recibir donaciones del sector privado, destinadas sobre todo a viviendas. Según Chapman, ese dinero no pasará por las arcas del Estado. Sin embargo, ningún funcionario explicó qué entidad auditará ese fideicomiso ni si sus cuentas serán públicas. El Banco Nacional anunció un sitio web para mostrar el uso de los fondos públicos.
Según el balance de Sinaproc con corte del martes, el terremoto dejó unas 3,390 viviendas afectadas, 727 de ellas con pérdida total en Herrera y Los Santos. Además, unas 300 personas fueron evacuadas de Isla Cañas, en Los Santos. Chapman aseguró que el Gobierno no pedirá dispensa de la Ley de Responsabilidad Social Fiscal ni tocará el Fondo de Ahorro de Panamá, y mantiene la meta de déficit de 3.5% del PIB. El Consejo de Gabinete autorizó hasta $100 millones para la emergencia.