Gobierno de México colocó US$1,500 millones en bonos ligados a plantas de Iberdrola
La operación, condicionada por la autoridad de competencia, coincide con la transición hacia el gobierno de Claudia Sheinbaum, que recibe a banqueros y define su gabinete.
El gobierno mexicano colocó 1,500 millones de dólares en bonos para cubrir los financiamientos de Fiemex Energía, una empresa privada vinculada a la compra de 13 plantas eléctricas que pertenecían a la española Iberdrola. Los títulos resultaron atractivos para los colocadores, ya que combinaron un negocio en operación con una tasa de interés superior al promedio del mercado.
Cuando se anunció la adquisición de esas plantas, el discurso oficial la equiparó con la nacionalización de la industria eléctrica que realizó el presidente Adolfo López Mateos en 1960. Sin embargo, la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), presidida por Andrea Marván, autorizó la transacción con condiciones: que la mayoría de las acciones quedara en manos de un fideicomiso privado y que el director general de las plantas fuera independiente de la Comisión Federal de Electricidad (CFE). En este esquema, el secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, funge como agente financiero de la operación.
En paralelo, la presidenta electa Claudia Sheinbaum se reunió con Sir Mark Tucker, director ejecutivo global de HSBC, junto con parte de su equipo y representantes del banco en México, que preside Jorge Arce. Según asistentes al encuentro, Tucker salió optimista sobre el futuro del país y reiteró al nuevo gobierno el compromiso de la entidad financiera con México.
La transición también ha estado marcada por especulaciones sobre cambios en el gabinete. Entre los nombramientos ya confirmados están el de Luz Elena González como secretaria de Energía, desde donde se impulsará una nueva política energética, y la ratificación de Ramírez de la O al frente de Hacienda. Se espera además que Gabriel Yorio permanezca en esa secretaría. Por otro lado, circularon versiones que daban como un hecho la llegada de Octavio Romero, actual director de Pemex, a la dirección del Infonavit, un movimiento que enfrenta la resistencia de representantes del sector privado y laboral.
En el frente judicial, la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) explicó en una entrevista radial que la reforma al Poder Judicial que se discute en el Congreso no modificará la justicia cotidiana, sino los altos mandos del ámbito federal. La ministra hizo un llamado a revisar la forma en que se imparte justicia en el país. Su planteamiento coincide con el de organismos empresariales como el Consejo Coordinador Empresarial, Coparmex, Concamin y el Consejo Nacional Agropecuario, que han propuesto que los cambios se aborden en la regulación secundaria.
