Gobierno de Bolivia advierte a Evo Morales que nadie está por encima de la ley
El ministro de Defensa rechaza amenazas de movilizaciones desde el 13 de octubre, mientras el país vive un segundo estado de excepción.
El Gobierno de Bolivia, encabezado por Rodrigo Paz, advirtió al expresidente Evo Morales que nadie está por encima de la ley. El mensaje llegó el domingo, después de que Morales y sus seguidores amenazaran con movilizarse desde el 13 de octubre contra algunas medidas económicas del Ejecutivo.
El ministro de Defensa, Ernesto Justiniano, indicó que Morales tiene derecho a cuestionar las decisiones del Gobierno y a convocar protestas pacíficas. Sin embargo, según el funcionario, no puede imponer amenazas, ultimátums ni bloqueos. En un comunicado de su cartera, sostuvo que ni haber sido presidente ni tener capacidad de movilización coloca a una persona por encima de la norma.
La respuesta surge tras un congreso que Morales encabezó con sus simpatizantes en el trópico de Cochabamba, zona donde permanece desde noviembre de 2024. Allí exigió que el Gobierno abrogue las normas sobre privatizaciones y la entrega de recursos naturales a transnacionales, además de decretos que calificó de inconstitucionales. Advirtió que, si no lo hace, la respuesta será por la vía dura. También calificó al Ejecutivo de corrupto, sometido al imperio y mentiroso.
Justiniano recordó que existen órdenes de aprehensión vigentes contra Morales y pidió que se presente ante la justicia para ejercer su defensa con las garantías de la Constitución. En julio, la Fiscalía emitió una orden de captura por alzamiento armado, terrorismo, atentado contra la seguridad de los medios de transporte, asociación delictuosa, instigación pública a delinquir y atentado contra la seguridad de los servicios públicos. Se le señala como uno de los líderes de los bloqueos de carreteras de mayo y junio. Además, enfrenta desde 2024 otro proceso por trata agravada de personas, relacionado con una menor de edad, y la Policía aún no ejecuta esa orden.
El conflicto previo duró más de 50 días y provocó desabastecimiento de alimentos, combustibles y oxígeno medicinal en algunas ciudades. Dejó al menos 16 fallecidos, 13 de ellos por falta de atención médica oportuna debido a los bloqueos, y pérdidas económicas estimadas en 3.000 millones de dólares.
Los sectores afines a Morales rechazan las medidas económicas recientes, entre ellas el retiro total de la subvención al diésel, el cierre de al menos 10 empresas estatales deficitarias y el congelamiento de salarios en los niveles jerárquicos del sector público.
En ese contexto, Bolivia vive un segundo estado de excepción, vigente hasta diciembre, que el Gobierno justifica para garantizar la paz y la seguridad de la población.
