Gobierno crea dos fideicomisos para atender la emergencia por sismo
El MEF descarta pedir una dispensa fiscal a la Asamblea y confía en que las donaciones cubran las necesidades.
Tras declarar el estado de emergencia por el sismo de 7.5 grados que golpeó al país el 9 de octubre, el Gobierno Nacional definió cómo se manejarán los recursos para atender las zonas afectadas. El ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman, explicó que el esquema se apoyará en dos fideicomisos.
El primero se constituyó entre el Ministerio de Economía y Finanzas y el Banco Nacional de Panamá, y cuenta con el refrendo de la Contraloría General de la República. Según Chapman, en esa cuenta entrarán primero recursos no reembolsables de organismos financieros multilaterales, entre ellos el BID, CAF, el Banco de Desarrollo de América Latina, el Banco Centroamericano de Integración Económica, el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. También ingresarán pagos de primas de seguros para eventos catastróficos que contrata el Estado. El Consejo de Gabinete ya autorizó esta primera fase.
Estos fondos se destinarán a entidades del Gobierno Central, como el Ministerio de Obras Públicas, Vivienda, Educación e Instituto de Mercadeo Agropecuario, y también a gobiernos locales y juntas comunales. Para acceder a ellos habrá que presentar solicitudes formales, que se regirán por el manual de utilización publicado por la Contraloría.
El segundo instrumento se creó en la Caja de Ahorros y se enfocará en el sector empresarial. Recibirá donaciones privadas bajo una gobernanza liderada por el propio sector privado. Su objetivo principal será reparar, rehabilitar y construir viviendas para los hogares afectados. Chapman aseguró que los fondos públicos y privados no se mezclarán y que las donaciones de las empresas se gestionarán por separado.
Sobre el Fondo de Ahorro de Panamá, el ministro indicó que no se pretende usarlo. Explicó que la ley permite acceder a esos recursos cuando los daños por desastres naturales superan 0.5 por ciento del Producto Interno Bruto, lo que equivaldría a unos 450 millones de balboas o dólares. Según su estimación, esta emergencia está muy lejos de ese monto.
Chapman también descartó pedir a la Asamblea Nacional una dispensa de la Ley de Responsabilidad Social Fiscal, y aseguró que el Gobierno mantiene la meta fiscal de 3.5 por ciento del Producto Interno Bruto. En cuanto al financiamiento, dijo que solo se recurrirá a él si las donaciones resultan insuficientes. En ese caso, se contratarían líneas de crédito diseñadas para emergencias nacionales, con condiciones más favorables que las del financiamiento ordinario. No obstante, consideró que los recursos no reembolsables y las donaciones alcanzarían para cubrir las necesidades actuales.