Gobierno aprueba proyecto para modernizar la ley de cine y atraer rodajes

El Consejo de Gabinete aprobó el Proyecto de Ley 40-26, que busca unificar, modernizar y fortalecer el marco jurídico de la industria cinematográfica y audiovisual de Panamá. La propuesta será presentada ante la Asamblea Nacional por la ministra de Cultura, María Eugenia Herrera, conocida como Maruja, y sustituye la Ley 16 de 2012.

Según la ministra, la norma anterior se redactó cuando el cine nacional apenas comenzaba, por lo que hacía falta adaptar el marco legal a las nuevas tecnologías y a los modelos de negocio de la era digital. Herrera afirmó que la ley llega en un momento oportuno para reactivar la producción local, generar empleo, sobre todo fuera de la capital, y competir por proyectos de gran escala.

La viceministra de Cultura, Arianne Benedetti, explicó que el proyecto incluye beneficios fiscales y operativos para descentralizar las producciones y fomentar la inclusión laboral de los jóvenes. Entre las medidas figuran un beneficio adicional para las producciones que usen al menos 80 % de mano de obra panameña, y descuentos extra para rodajes extranjeros en los que el 30 % de las contrataciones locales corresponda a personas que tienen su primer empleo. También se establecen reglas especiales para llevar los sets de grabación a las provincias, de modo que el gasto en hospedaje, transporte y alimentación llegue a esas zonas.

El régimen de incentivos se plantea como una alternativa competitiva frente a países como Colombia, República Dominicana, España y México. De acuerdo con el Gobierno, el país cuenta con un catálogo de más de 100 películas nacionales, y la intención es que la actividad audiovisual impulse el turismo, los servicios y el empleo de manera transversal.

El proyecto también contempla la formación y la preservación de la memoria cultural. La Escuela de Cine tendrá como función capacitar técnicamente a talentos emergentes y a creadores de contenido digital. Por su parte, la Cinemateca de Panamá será una entidad pública encargada de custodiar el archivo audiovisual, las imágenes históricas y la filmografía nacional.

Además, se habilitará un proceso para que la ciudadanía aporte fotografías y videos que sirvan para consolidar un archivo histórico nacional. Con esta iniciativa, el Gobierno busca evitar que las inversiones audiovisuales se trasladen a otros países de Iberoamérica y consolidar el sector como un pilar de identidad, turismo y sostenibilidad profesional para las próximas generaciones. El proyecto aún debe pasar por el proceso legislativo en la Asamblea Nacional.