Gobierno suma cinco emergencias con $360 millones para compras sin licitación

Desde que asumió la Presidencia el 1 de julio de 2024, el gabinete de José Raúl Mulino ha aprobado cinco declaratorias de emergencia. En conjunto, habilitan hasta $360 millones para contrataciones excepcionales, es decir, compras que no pasan por licitación pública. De esas cinco, dos siguen vigentes y suman $180 millones.

La más reciente es la Resolución de Gabinete 108, publicada en la Gaceta Oficial el sábado, un día después del terremoto de magnitud 7.5 con epicentro en Tonosí, Los Santos. El documento declara la emergencia en todo el territorio nacional y autoriza hasta $100 millones para que ministerios y entidades contraten obras, bienes y servicios. Las instituciones tienen hasta el 31 de diciembre para comprometer esos fondos. Esta norma añade dos controles: los recursos se manejarán en un fideicomiso del Banco Nacional de Panamá, bajo supervisión del Ministerio de Economía y Finanzas, y cada pago necesitará refrendo previo de la Contraloría General. Cualquier saldo no usado regresará al Tesoro Nacional.

La otra emergencia vigente es la Resolución 80, en vigor desde el 25 de agosto, que declaró la emergencia nacional por el fenómeno de El Niño. Habilitó $80 millones en compras especiales hasta el 30 de junio de 2027. En este caso, una comisión interinstitucional de alto nivel, creada en mayo, debe aprobar cada solicitud y definir el monto de cada contratación.

El procedimiento de emergencia busca que el Estado no espere meses por los trámites de licitación, como pliegos, reclamos e impugnaciones, mientras las comunidades afectadas aguardan respuestas. Sin embargo, las resoluciones del actual gobierno repiten una misma fórmula, que exige compras a precios de mercado debidamente justificados. Al cierre de cada emergencia, las entidades deberán entregar un informe con el nombre del contratista, el objeto del gasto y el monto pagado, y publicarlo en PanamáCompra. Mientras tanto, la ciudadanía conoce cuánto se autorizó, pero no cuánto se ha gastado ni a quién se han asignado los contratos.

La primera declaratoria fue la Resolución 107, aprobada el 14 de noviembre de 2024 por las lluvias que duplicaron la precipitación habitual en Chiriquí, Bocas del Toro y la comarca Ngäbe Buglé. Ese evento dejó 11 muertos y más de mil familias afectadas. El tope inicial de $100 millones se elevó a $160 millones el 14 de enero, y el plazo se extendió hasta el 15 de febrero. Al menos $120 millones quedaron en el Ministerio de Obras Públicas, $23.7 millones en el Idaan, $3.6 millones en el Ministerio de Gobierno y $2.5 millones en el Ministerio de Vivienda.

En 2025 se emitieron dos declaratorias de alcance provincial y menor escala, cada una con tope de $10 millones. La Resolución 48, del 27 de mayo, cubrió Bocas del Toro durante la huelga del sindicato bananero Sitraibana contra la reforma a la Ley 462. La Resolución 69-25, del 11 de junio, atendió la crisis hídrica en Herrera y Los Santos, tras la contaminación del río La Villa. El ministro de Economía, Felipe Chapman, afirmó que el país tiene recursos para atender los daños más urgentes y que la economía no se detendrá. Si hiciera falta financiamiento, dijo que se buscarían préstamos blandos. Mulino recorrió las zonas afectadas y descartó una paralización del país.