Gabinete aprueba hasta $300 mil para reforzar la supervisión del Siacap
Un segundo acuerdo de asesoría con el BIRF busca avanzar en un modelo de supervisión basada en riesgos para el sistema de pensiones de los servidores públicos.
El Consejo de Gabinete autorizó la firma de un segundo Acuerdo de Servicios de Asesoría Reembolsable por un monto de hasta $300 mil. Los recursos serán destinados a continuar con el programa Panamá Siacap, cuyo objetivo es diseñar un modelo de supervisión basada en riesgos para el Sistema de Ahorro y Capitalización de Pensiones de los Servidores Públicos.
La autorización consta en un decreto de gabinete fechado el 13 de octubre de 2026, publicado en la Gaceta Oficial. En el acuerdo participan la República de Panamá, por medio del Ministerio de Economía y Finanzas, el Consejo de Administración del Siacap y el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF).
Según el decreto, el dinero servirá para hacer estudios complementarios y definir los procesos que faltan para completar el modelo. La meta es reforzar los mecanismos de seguimiento y control del sistema de pensiones. Entre las tareas previstas están definir el ciclo de supervisión, crear herramientas de alerta temprana para monitorear inversiones y establecer un marco de inversiones con métricas de riesgo y una garantía mínima de rendimiento.
El acuerdo también contempla crear un departamento de riesgos, determinar el personal y la tecnología necesarios, capacitar a los funcionarios del Siacap y elaborar un manual de intervenciones escalonadas. Además, se prevé un plan de contingencia por si se rescinden contratos con los operadores del sistema.
Esta etapa es continuación de un primer acuerdo de asesoría reembolsable aprobado en junio de 2025, que permitió evaluar las actividades necesarias para implementar el modelo. El Consejo de Administración del Siacap será el beneficiario y responsable de la ejecución, y deberá hacer las previsiones presupuestarias para reembolsar el costo de la asesoría al BIRF.
El decreto autoriza al ministro de Economía y Finanzas, a la viceministra de Economía, al viceministro de Finanzas o al embajador de Panamá en Estados Unidos a firmar el acuerdo, cualquiera de ellos de forma individual. La operación requiere el refrendo de la Contraloría General de la República.
