Aramburú: Ley 6 de energía fue un éxito pero requiere ajustes

La normativa que regula el sector eléctrico panameño, en vigor desde finales de los años noventa, está por cumplir tres décadas y se encuentra en proceso de reforma para poner al día sus herramientas de regulación y fiscalización. Fernando Aramburú Porras, exministro de Economía y Finanzas, considera que la ley fue clave para el desarrollo del sistema, aunque cree indispensable evaluar qué dio resultado y qué necesita cambios.

Aramburú resaltó el crecimiento del sector. Recordó que, tras la privatización, el país tenía siete empresas generadoras y hoy suma cerca de 65, con plantas hidroeléctricas, eólicas, solares y de gas, entre otras fuentes. Añadió que la economía nacional se ha multiplicado por cinco, mientras la capacidad eléctrica tuvo que multiplicarse por cuatro para acompañar ese avance.

Según el exfuncionario, la modificación busca reforzar los controles, exigir más a las distribuidoras y volver más efectivas las sanciones. Entre las nuevas obligaciones mencionó la calidad del servicio, las inversiones, la electrificación rural, la entrega de información y las redes inteligentes. Uno de los puntos que más atención genera es el aumento de las multas, que podrían llegar hasta 20 millones de dólares.

Aramburú sostiene que la ley debe precisar qué se considera incumplimiento y con qué parámetros se aplicarán las sanciones. Pidió transparencia, porque los inversionistas privados necesitan conocer con claridad las reglas del juego. Propuso establecer indicadores y estándares internacionales para medir la calidad. Explicó que el SAIFI mide la frecuencia de las interrupciones no programadas y el SAIDI mide su duración, herramientas que permiten verificar si las empresas cumplen las normas del regulador y lo pactado en sus contratos de concesión. Advirtió, además, que parte de los cortes puede originarse en la red de transmisión estatal, por lo que no todos son responsabilidad de las distribuidoras.

Sobre la figura del interventor, que permitiría intervenir una empresa que no cumpla con ciertas normas de calidad o inversión, dijo que deben fijarse condiciones precisas, pues una intervención podría generar incertidumbre. En cuanto a las tarifas, explicó que están ligadas a contratos de compra de energía adjudicados por licitación pública, y cuestionó que esas licitaciones no se hayan hecho con suficiente anticipación para fomentar la competencia. La propuesta devuelve a las distribuidoras un papel más activo en la compra de energía.

Panamá cuenta con tres concesionarios de distribución: una concesión está en manos de ENSA y las otras dos pertenecen a Naturgy. Aramburú considera que mantener tres operadores permite competencia y comparación, mientras que sumar más actores podría generar ineficiencias. También mencionó que unos 600 grandes clientes compran energía directamente a los generadores y pagan a las distribuidoras por el uso de las redes. Para él, la reforma es una oportunidad para corregir problemas, siempre que mantenga un equilibrio entre mayores exigencias y condiciones que sigan atrayendo inversión.