Familia de mujer muerta por agente migratorio en Minneapolis demanda al gobierno Trump

La familia de Renee Good presentó dos demandas ante un tribunal federal en Estados Unidos por la muerte de la mujer, ocurrida en enero en Minneapolis. Según los documentos judiciales difundidos este jueves, la familia acusa al gobierno del presidente Donald Trump de homicidio y de violar derechos civiles.

Good, de 37 años y madre, murió dentro de su automóvil tras recibir disparos de un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). El hecho ocurrió durante una protesta contra las redadas dirigidas a inmigrantes sin documentos.

La primera demanda va contra Estados Unidos y pide una indemnización por homicidio culposo, negligencia y otras conductas indebidas, bajo la Ley Federal de Reclamaciones por Agravios. La segunda acusa de conspiración para violar derechos civiles, con base en una ley de 1871 conocida como Ley Ku Klux Klan. Según esta demanda, la operación migratoria buscaba de forma deliberada a las comunidades somalí e hispana, y pretendía intimidar a quienes protestaban o vigilaban a los agentes federales.

Esa segunda demanda señala como responsables al agente que disparó, Jonathan Ross, y a altos funcionarios de la administración, entre ellos la entonces secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, y el subjefe de gabinete de la Casa Blanca, Stephen Miller. Los abogados de la familia sostienen que ambos funcionarios acusaron a Good de terrorismo sin fundamento, y que Noem dio a la prensa una versión falsa de lo ocurrido. Para los abogados, la muerte fue el resultado previsible de políticas que, según ellos, fomentaban enfrentamientos agresivos. Afirman también que la muerte no fue un accidente.

La demanda sostiene que Good estaba desarmada, no era sospechosa de ningún delito y se alejaba del agente en su carro cuando recibió los disparos. Un video del tiroteo muestra a la mujer conversando con calma con los agentes desde el interior del vehículo, antes de intentar retirarse.

El gobierno de Trump ha defendido su ofensiva contra la inmigración irregular y la actuación de sus agentes, y sostiene que el uso de fuerza letal fue justificado. La muerte de Good provocó protestas en Minneapolis y aumentó el escrutinio sobre la campaña de deportaciones de la administración. Por ahora, el caso queda en manos del tribunal federal, que deberá decidir si admite las demandas y cómo avanzan.