Exfuncionarios de alto perfil enfrentan procesos por enriquecimiento injustificado y blanqueo de capitales

Varios exfuncionarios de la administración de Laurentino Cortizo (2019-2024) están bajo la lupa de la Contraloría General de la República y del Ministerio Público por presuntos delitos contra la administración pública, enriquecimiento injustificado y blanqueo de capitales. Los expedientes se encuentran en distintas etapas: algunos ya tienen imputación y medidas cautelares, mientras que otros siguen en fase previa.

El caso más avanzado es el del exdirector del Ifarhu, Bernardo Meneses. El 8 de julio de 2025, una jueza de garantías le imputó enriquecimiento injustificado y ordenó su detención provisional, tras una auditoría que señaló un incremento patrimonial no justificado de $419,331. También enfrenta investigaciones por peculado y blanqueo, relacionadas con la entrega de auxilios económicos, donde una auditoría cuestiona la distribución de unos $24 millones. La defensa sostiene que parte de los movimientos correspondían a actividades políticas y donaciones de campaña. En septiembre de 2026, un tribunal confirmó que debía seguir detenido.

Luis Oliva, exdirector de la AIG, quedó vinculado en agosto de 2025 a una investigación por irregularidades en la plataforma Listo Wallet, usada para pagos del Vale Digital y otros programas estatales. Ese proceso incluye peculado y asociación ilícita. El 29 de mayo de 2026 fue aprehendido nuevamente, esta vez por enriquecimiento injustificado, con un diferencial patrimonial superior a $937 mil. Un juez de garantías ordenó su detención provisional, medida confirmada por el Tribunal de Apelaciones.

El exdiputado y exdirector de Pandeportes, Héctor Brands, es investigado desde el 29 de agosto de 2025, a partir de informes de la Unidad de Inteligencia Financiera y auditorías de la Contraloría. Las autoridades detectaron movimientos cercanos a 27.9 millones de dólares vinculados a cuentas personales y a tres sociedades. En diciembre de 2025 fue aprehendido en la Operación Bábaro, junto a otras ocho personas, y permanece en detención provisional.

El exvicepresidente José Gabriel Carrizo pasó de una investigación patrimonial a un proceso penal por un supuesto enriquecimiento de unos $1.9 millones. En enero de 2026 se le imputaron cargos y se le otorgó arresto domiciliario. En agosto, el Ministerio Público terminó el escrito de acusación, y el caso espera la audiencia de fase intermedia. En septiembre, un tribunal declaró ilegal la aprehensión de uno de los apartamentos vinculados a él, aunque el proceso continuó.

Otros casos avanzan con medidas similares. Noriel Araúz, exadministrador de la Autoridad Marítima, está detenido provisionalmente desde julio por enriquecimiento agravado. Publio De Gracia, exdirector de la DGI, fue aprehendido el 10 de agosto en la Operación Cuestor, por un incremento de $724,682.39, y también permanece detenido. La exsubdirectora Maritza Ureña fue aprehendida en septiembre en la Operación Tamías, por una diferencia de unos $432 mil. En cambio, Nadia Del Río no enfrenta imputación ni detención, y el exministro Rafael Sabonge tiene medidas precautorias sobre bienes por $704,452.61, sin que su expediente haya pasado aún al Ministerio Público.

El caso más reciente es el del exdirector de la Caja de Seguro Social, Enrique Lau Cortés, aprehendido el 6 de octubre de 2026. Se le investiga por enriquecimiento injustificado y blanqueo, con una posible lesión patrimonial cercana a $500 mil. Este expediente corre separado de otro por peculado en la compra de medicamentos e insumos. Entre ambos, el total bajo investigación ronda los $3.5 millones. Lau se encuentra en detención domiciliaria. Los tribunales deberán determinar si las pruebas son suficientes para llevar estos casos a juicio.