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Dueños de Jet Set en Dominicana podrían enfrentar hasta 20 años de cárcel

Un tribunal cambió la calificación del delito por el derrumbe que dejó 236 muertos en la discoteca de Santo Domingo. El juicio deberá empezar de nuevo ante otro tribunal.

Mesa Internacional, 9:00 a.m. · 2 min de lectura
Dueños de Jet Set en Dominicana podrían enfrentar hasta 20 años de cárcel

Un tribunal de República Dominicana recalificó el delito por el que serán juzgados los propietarios de la discoteca Jet Set, cuyo techo se desplomó en abril de 2025 en Santo Domingo. Con el cambio, Antonio Espaillat y su hermana Maribel podrían recibir penas de hasta 20 años de prisión si son declarados culpables.

La acusación inicial era de homicidio involuntario, que contemplaba entre dos y tres años de cárcel. El juez Franny González aceptó que el caso se tramite como homicidio por dolo eventual, una figura que aplica cuando una persona pudo prever que una acción podía causar la muerte y aun así decidió asumir ese riesgo. Esta sanción es más severa y la decisión fue solicitada por el movimiento Justicia Jet Set, que agrupa a víctimas y familiares de los fallecidos.

El derrumbe ocurrió el 8 de abril de 2025 durante un concierto del merenguero Rubby Pérez, quien también murió en la tragedia. En total, 236 personas perdieron la vida, lo que la convierte en una de las peores tragedias recientes del país.

La Fiscalía sostiene que los hermanos Espaillat conocían de antemano que las condiciones estructurales del local representaban un peligro para quienes asistían al establecimiento. Según la acusación, el hecho no fue un accidente imprevisible, sino algo que pudo prevenirse porque existían advertencias previas. Antonio Espaillat es propietario de la discoteca y Maribel Espaillat la administraba.

La nueva calificación no equivale a una condena. Tampoco significa que los acusados sean culpables, pero sí abre la posibilidad de una pena mayor si se demuestra su responsabilidad penal. Además, el juez explicó que el juicio deberá comenzar otra vez ante un tribunal distinto debido al cambio jurídico de los hechos.

Los hermanos fueron arrestados en 2025 y después quedaron en libertad condicional tras pagar una fianza de unos 842.000 dólares. Desde entonces, familiares de los fallecidos y sobrevivientes han cuestionado el manejo judicial del caso y denunciado presuntos privilegios, pues la familia también tiene negocios en medios de comunicación y restaurantes.

Jeniré Mena, una sobreviviente venezolana de 40 años, celebró el cambio y dijo que representa mucho para los afectados. Ella sufrió secuelas físicas tras permanecer cinco horas atrapada entre los escombros. La investigación sigue enfocada en determinar si los responsables conocían los riesgos estructurales antes del derrumbe y si pudieron evitar la tragedia.

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