Dos exfuncionarios de la DGI quedan con medidas cautelares por presunto enriquecimiento ilícito
Exsubdirectora y exdirector del ente recaudador están privados de libertad mientras avanza la investigación del Ministerio Público.
La Dirección General de Ingresos (DGI) sigue en el centro de varias investigaciones del Ministerio Público. La más reciente involucra a Ureña González, quien fue subdirectora de la entidad durante la administración de Laurentino Cortizo, entre 2019 y 2024. Ella quedó detenida de forma preventiva por presunto enriquecimiento injustificado y blanqueo de capitales.
Según la Fiscalía Superior Anticorrupción, la exfuncionaria habría causado un perjuicio al Estado de 428 mil dólares. La institución sostiene que los hechos se investigan con base en una auditoría de la Contraloría General de la República.
En el mismo caso se encuentra privado de libertad Publio De Gracia, exdirector de la DGI, en el centro penitenciario La Nueva Joya. Se le imputan los mismos delitos y una presunta afectación patrimonial de 724,682.39 dólares, cifra que supera en más de 296 mil dólares la atribuida a González.
La defensa de De Gracia rechazó todos los riesgos procesales que enumeró la Fiscalía y anunció que insistirá en que se revoque la detención. Sus abogados argumentan que el exdirector ha colaborado con la investigación y que la única prueba en su contra es el informe de la Contraloría, que, según ellos, contiene errores evidentes.
Durante la audiencia de apelación realizada el pasado 16 de septiembre, De Gracia informó que padece una enfermedad autoinmune, aunque no precisó cuál. Además, reiteró que siempre se ha desempeñado con transparencia y responsabilidad, y negó cualquier vinculación con los hechos que se le atribuyen.
Las autoridades también incluyeron en la investigación a la esposa del exdirector, Elaine Salterio González, y a Ninoshka Ríos Samaniego, identificada como su pareja. Ambas enfrentan medidas distintas a la detención preventiva. Hasta el momento, los cargos son presunciones del Ministerio Público y no se han determinado responsabilidades en un tribunal.