Diputados aprueban en primer debate nuevos descuentos para jubilados
El proyecto 746 mantiene el 20% en medicamentos, amplía rebajas en servicios básicos y aún debe pasar por dos debates y la sanción del Ejecutivo.
La Comisión de Trabajo, Salud y Desarrollo Social de la Asamblea Nacional aprobó en primer debate el proyecto de Ley 746, que modifica la Ley 5 de 1987 sobre beneficios para adultos mayores. La aprobación se dio este jueves 22 de octubre. Para convertirse en ley, la iniciativa todavía debe superar el segundo y tercer debate en el pleno legislativo y recibir la sanción del Ejecutivo.
El proyecto surge después del veto presidencial a la propuesta anterior, identificada como proyecto 226. Según se informó, el nuevo texto es resultado de conversaciones entre el Gobierno, representantes de los jubilados y el sector privado. El diputado proponente, Javier Sucre, sostiene que la intención es aliviar los gastos de los adultos mayores en alimentación, medicamentos y servicios básicos.
En cuanto a los descuentos, el texto aprobado otorga 20% en la tasa de aseo residencial, siempre que el contrato esté a nombre del beneficiario y corresponda a su vivienda principal. En electricidad residencial, para consumos de hasta 600 kilovatios hora, y en el cargo fijo del servicio telefónico residencial, la rebaja llega a 30%. Los honorarios médicos tendrían 25%, los tratamientos contra el cáncer 30% y las prótesis y equipos de asistencia 20%. Los servicios funerarios cuando el fallecido sea jubilado, pensionado o adulto mayor tendrían 25%. Los medicamentos mantienen el 20%.
La propuesta también contempla exoneraciones de impuestos de importación y de transferencia de bienes y servicios para pañales para adultos y para bolsas de ostomía y sondas urinarias con receta médica. Además, incluye beneficios para las propiedades de asociaciones, federaciones y confederaciones de jubilados en servicios como electricidad, agua e internet.
El texto establece que los descuentos no se aplicarían a consultas, exámenes, laboratorios, medicamentos e insumos médicos entregados en instalaciones públicas del Ministerio de Salud, ni a servicios de asistencia social gestionados por los comités regulados por el Decreto de Gabinete 401 de 1970. La prioridad de atención en esas instalaciones seguirá sujeta a criterios científicos y protocolos sanitarios.
Representantes del sector farmacéutico expresaron preocupación por la capacidad de los establecimientos, sobre todo los pequeños negocios, para asumir los descuentos. Orlando Pérez, de la Unión Nacional de Propietarios de Farmacias, reconoció el espacio que les dio la comisión, pero señaló que las condiciones actuales del sector son distintas a las de años anteriores. También cuestionó que se imponga la rebaja a un segmento de comercios cuando los consumidores ya tienen varias opciones en el mercado.
Por su parte, Guillermo Cortés, representante de los jubilados, consideró que la propuesta fue discutida y consensuada, aunque admitió que algunos beneficios se redujeron o eliminaron durante las conversaciones. Cortés espera que el proyecto avance en los próximos debates y llegue al Ejecutivo para su sanción antes del 31 de octubre. La propuesta además establece que los descuentos otorgados por los comercios puedan reconocerse como crédito fiscal del impuesto sobre la renta, con un reconocimiento del 100% y la posibilidad de transferirlo desde enero de 2027. Para quienes incumplan, se prevén sanciones graduales y proporcionales de entre $500 y $10,000.
