Diferencias con el contralor habrían causado la salida de Roxana Méndez de la AND

Roxana Méndez dejó la Autoridad Nacional de Descentralización (AND), según información conocida tras diferencias con el contralor Anel Flores por el manejo de fondos extraordinarios para juntas comunales y municipios. La salida se conoció el 15 de octubre por medio de un comunicado de la entidad, que indica que Méndez seguirá en sus funciones hasta que se designe a su reemplazo.

El desacuerdo se centra en el esquema anunciado por el presidente José Raúl Mulino el jueves de la semana pasada, seis días después del sismo. Según ese anuncio, cada representante de corregimiento recibirá $10 mil y cada alcaldía $20 mil para ayudar a los damnificados. Méndez no estaba de acuerdo con ese mecanismo, pues consideraba que el dinero debía pasar por los canales previstos en la ley de descentralización de 2009. Mulino señaló en su cuenta de X que los recursos serán fiscalizados de forma rigurosa por la Contraloría General, entidad a cargo de Flores.

La Contraloría aprobó un procedimiento temporal y extraordinario que permite a municipios y juntas comunales comprar a crédito bienes y servicios para las comunidades afectadas. Las compras se pagarán con fondos del Impuesto de Inmuebles (IBI) y del Programa de Inversión de Obras Públicas y Servicios Municipales (PIOPSM), que por ley administra la AND. La resolución, firmada por el subcontralor Omar Castillo, se publicó el 12 de octubre en la Gaceta Oficial N.º 30632-A, dos días después de que el Consejo de Gabinete declarara el estado de emergencia nacional.

Según la medida, cada compra debe justificarse con un informe que detalle proveedor, suministros, monto y comunidad beneficiada, acompañado de facturas, constancias de entrega y fotografías. Alcaldes y representantes responden por la veracidad de esos documentos, y la Contraloría revisará cada expediente antes de autorizar el pago.

Durante su gestión, Méndez denunció posibles lesiones patrimoniales por parte de decenas de autoridades locales que se beneficiaron de la llamada descentralización paralela, un esquema de transferencias discrecionales y sin justificación durante el gobierno de Laurentino Cortizo. Según indicó, al menos $320 millones se repartieron sin justificación, y $238 millones no pudieron sustentarse, caso que investiga el Ministerio Público. Hasta agosto, 99 personas habían sido imputadas por presunto peculado.

Sus denuncias generaron tensiones con diputados y organizaciones de autoridades locales. El presidente del PRD, Benicio Robinson, la confrontó en varias ocasiones en la Comisión de Presupuesto y la acusó de perseguir a juntas comunales y alcaldes. También hubo roces con la Asociación de Municipios de Panamá (Amupa), que preside Nadine González, figura cercana al contralor. Entre 2021 y 2025, Amupa recibió $7.8 millones de recursos del IBI y del PIOPSM, y el Ministerio de Economía y Finanzas no tiene constancia de rendición de cuentas sobre ese dinero.

Méndez, exalcaldesa de Panamá entre 2012 y 2014 y en la AND desde julio de 2024, también fue cuestionada por su proyecto de habilitar 15 oficinas remotas en zonas de difícil acceso, con internet satelital Starlink, computadoras y paneles solares. El contrato, adjudicado a Edupan, S.A., fue refrendado por Flores el 18 de agosto. La iniciativa surgió tras un censo de la AND que encontró al menos 300 juntas comunales sin servicio de internet.