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Detienen en Panamá a dos políticos ecuatorianos en operación contra hijo de Bucaram

Las autoridades de Ecuador y Panamá coordinaron el operativo, con apoyo de la DEA. Los cinco detenidos son requeridos por la justicia de Estados Unidos por presuntos delitos de narcotráfico.

Redacción Nacional, 10:58 a.m. · 2 min de lectura
Detienen en Panamá a dos políticos ecuatorianos en operación contra hijo de Bucaram

El exalcalde de Manta, Jaime Estrada Bonilla, quien gobernó esa ciudad ecuatoriana entre 2009 y 2014, y su hijo Jaime Estrada Medranda, exasambleísta vinculado al correísmo, fueron detenidos en Panamá. La información fue dada por el ministro del Interior de Ecuador, John Reimberg, quien explicó que en la misma operación se arrestó en Guayaquil a Jacobo Bucaram, hijo del expresidente Abdalá Bucaram.

En Guayaquil también fueron detenidos Geovanny Antonio Fernández Menéndez y William José Briones López. Según Reimberg, los cinco son requeridos por la justicia estadounidense por presuntos delitos relacionados con el narcotráfico.

El operativo fue coordinado entre Ecuador y Panamá, con la participación de la Administración de Control de Drogas de Estados Unidos, conocida como DEA. En una publicación en su cuenta de X, el ministro afirmó que estas acciones forman parte de la cooperación internacional contra las estructuras dedicadas al narcotráfico. Añadió que los detenidos quedaron a disposición de las autoridades competentes para los procesos de extradición hacia Estados Unidos.

Los rumores sobre el arresto de los políticos manabitas circularon el martes en redes sociales, pero fuentes del movimiento Sí Podemos los desmintieron ante medios locales. Estrada Bonilla es candidato nuevamente a la alcaldía de Manta para las elecciones del 29 de noviembre de este año. Su hijo intentó inscribirse como candidato a la prefectura de Manabí, pero su inscripción fue rechazada.

La captura de Jacobo Bucaram llega casi dos meses después de que un tribunal ecuatoriano lo condenara, junto a su padre, a nueve años y cuatro meses de prisión por delincuencia organizada. El caso se relaciona con la venta irregular de unas 21.000 pruebas para detectar el covid-19 durante la pandemia, en 2020. Los jueces aceptaron la tesis de la Fiscalía, que sostuvo que ambos colaboraron con una estructura delictiva que obtuvo ganancias con esos insumos médicos. El expresidente calificó el fallo de ridículo, alegó que se trató de un acuerdo entre privados y anunció que apelaría la decisión.

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