Parlacen admite desgaste tras salidas de El Salvador y Nicaragua

El Parlamento Centroamericano (Parlacen) atraviesa uno de sus momentos más delicados. El Salvador aprobó su salida del organismo a partir de 2027, y Nicaragua comunicó su retiro con efecto inmediato en octubre de 2026. Ante estas decisiones, su presidenta, Karla Gutiérrez, reconoce señales de desgaste político y considera que representan un golpe para la integración regional.

Según Gutiérrez, la salida de un Estado miembro reduce la representación de la región y afecta el diálogo político que se desarrolla dentro del Parlamento. También admite que la situación obliga a revisar las prioridades de la institución y su funcionamiento interno. Aun así, aclara que el Parlacen conserva sus competencias frente a los países que siguen vinculados.

La funcionaria sostiene que la integración debe concretarse en beneficios palpables, como oportunidades económicas, cooperación en seguridad y respuestas conjuntas a problemas compartidos, entre ellos la migración. En ese sentido, defiende mantener los mecanismos de cooperación entre los países de la región y llama al diálogo, a mostrar resultados y a rendir cuentas.

El llamado surge en medio de un cuestionamiento más amplio sobre la capacidad del Parlacen para incidir en las decisiones regionales. Gutiérrez reconoce que el organismo tiene capacidad de interlocución política y de presentar propuestas, pero no puede imponer leyes a los Estados ni reemplazar las decisiones de sus gobiernos. Por eso, plantea fortalecer el seguimiento de las propuestas, coordinar mejor con los demás órganos del Sistema de la Integración Centroamericana (SICA) y mejorar la rendición de cuentas ante la ciudadanía.

Desde el ámbito jurídico, el abogado y profesor universitario Oswaldo Marino Fernández Echeverría coincide en que las decisiones de El Salvador y Nicaragua pueden leerse como una señal de debilitamiento político de la integración. Advierte, sin embargo, que es necesario distinguir entre anunciar una salida y desvincularse jurídicamente de las obligaciones internacionales. Explica que el Tratado Constitutivo del Parlacen no contempla de forma expresa un retiro unilateral, por lo que habría que revisar las reglas de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados. Fernández también sostiene que las diferencias entre los gobiernos dificultan construir una agenda común.

En el caso de Panamá, el jurista considera que una mayor fragmentación política puede complicar la cooperación regional y afectar la previsibilidad necesaria para mantener los vínculos económicos con Centroamérica.

Por ahora, el reto del Parlacen es demostrar su utilidad en medio del desgaste que enfrenta. Para recuperar la confianza, deberá apoyarse en resultados concretos, en el seguimiento de sus propuestas y en una rendición de cuentas más clara.