Descentralización reporta $44 millones en casos sin sustento y pide más fondos para 2027

La directora de la Autoridad Nacional de Descentralización, Roxana Méndez, compareció ante la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional en las vistas presupuestarias de 2027. Su intervención giró en torno a tres temas: el aumento de los aportes estatales, la necesidad de reforzar los controles sobre los fondos públicos y el avance de las investigaciones vinculadas a las juntas comunales.

El dato más delicado fue el resultado de las auditorías. De 80 casos de fondos de descentralización ya revisados por la Contraloría General de la República, el 60% no logró justificar el uso del dinero. En esos expedientes, la AND reporta una lesión patrimonial documentada por más de $44 millones.

Méndez explicó que la institución ha presentado 353 denuncias ante el Ministerio Público por casos de descentralización paralela, tras revisar la documentación que entregaron quienes recibieron los recursos. Según la funcionaria, estas transferencias, que suman alrededor de $300 millones, se hicieron sin un manual de procedimiento y con información limitada sobre el destino del dinero.

Al asumir la dirección, Méndez pidió a los responsables que demostraran cómo usaron los fondos y les dio tres meses para entregar los sustentos. La revisión halló expedientes completos, otros con datos incompletos y casos en los que no fue posible comprobar el destino de los recursos. La funcionaria relató que algunas personas presentaron cajas con cheques y talonarios como respaldo de sus gastos.

La AND aclaró que no realiza auditorías ni determina si hubo delito. Su labor consiste en revisar la documentación y remitir al Ministerio Público los casos sin justificación. Corresponde a la Contraloría establecer, mediante auditorías, si hubo afectación patrimonial.

Para 2027, el presupuesto de la AND será de $296.4 millones, de los cuales $73.5 millones son para funcionamiento y $222.8 millones para inversión. Los aportes destinados a transferencias como el Impuesto de Bienes Inmuebles, el Programa de Inversión de Obras Públicas y Servicios Municipales y los subsidios subirán a $286.7 millones, frente a $221.5 millones este año y $188.8 millones en 2025.

Durante la comparecencia también se cuestionó la ruta de las denuncias, pues el Ministerio Público puede pedir después las auditorías a la Contraloría. Los diputados Luis Duke y Yamireliz Chong, de la bancada Vamos, pidieron fortalecer la fiscalización y cuestionaron que fondos públicos se destinen a festejos u otros gastos que consideraron superficiales. Méndez insistió en que una denuncia no equivale a una imputación ni determina responsabilidad penal.