Denuncian ante la CIDH restricciones a la libertad religiosa en Nicaragua

Organizaciones de derechos humanos y representantes de la oposición nicaragüense llevaron sus denuncias ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Según expusieron, el Gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo restringe de forma sistemática la libertad religiosa en el país, mientras proyecta hacia el exterior una imagen de respeto a la fe católica que, a su juicio, no refleja lo que ocurre dentro de Nicaragua.

Las denuncias se presentaron este lunes en Panamá, durante el 197 periodo de sesiones de la CIDH. Participaron el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil), el Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más, el Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua (GHREN), expertos y sacerdotes exiliados.

Marylaura Acuña, abogada y oficial de incidencia de Cejil, sostuvo que las limitaciones a la libertad de religión y de creencias se dan en un contexto de concentración del poder, persecución de opositores y cierre del espacio cívico. Las organizaciones enumeraron ataques contra iglesias, confiscaciones de infraestructura religiosa, la eliminación de exenciones tributarias y la cancelación de la personalidad jurídica de entidades vinculadas con la fe. También señalaron presuntos casos de persecución contra líderes religiosos, detenciones arbitrarias y desapariciones.

Acuña agregó que las familias de personas que murieron bajo custodia estatal habrían enfrentado prohibiciones para sepultar a sus seres queridos. Además, cuestionaron la forma en que las autoridades permiten o restringen ciertas actividades religiosas. Según la representante, algunas celebraciones se autorizan mientras otras se prohíben, lo que genera incertidumbre entre los creyentes. Acuña advirtió que autorizar algunas actividades no significa que exista libertad religiosa plena, y que esa imprevisibilidad puede usarse para infundir temor en la población.

Rafael Aragón, sacerdote dominico español que obtuvo la nacionalidad nicaragüense en 1990 y vive exiliado en Costa Rica desde 2023, denunció que el Gobierno busca normalizar la situación mediante la autorización de algunas procesiones. Según él, con estas medidas se pretende mostrar a la comunidad internacional respeto por la libertad religiosa y de conciencia frente a presiones externas. Aragón calificó esa apertura aparente como una fachada y aseguró que la presencia de policías y paramilitares en algunas actividades limita el acercamiento de los fieles a las imágenes veneradas, restringe los recorridos tradicionales e impone horarios. Añadió que estos controles buscan debilitar el papel histórico de la Iglesia católica en la sociedad nicaragüense.

Gonzalo Carrión, integrante del Colectivo Nicaragua Nunca Más y exiliado, denunció la situación ante la agencia EFE. Afirmó que la represión golpea a distintos sectores y mencionó el exilio de sacerdotes católicos y de representantes de iglesias evangélicas. Según él, el escenario de persecución va más allá de la oposición política y alcanza también a comunidades religiosas.