Delitos ambientales suben 17% en Panamá durante los primeros nueve meses

El Ministerio Público registró 502 casos criminales por delitos ambientales y contra el ordenamiento territorial entre el 1 de enero y el 30 de septiembre de 2026. La cifra supera en 17% los 430 casos contabilizados en el mismo período de 2025. Los datos son preliminares, pero apuntan a una presión creciente sobre los ecosistemas del país.

La mayor parte de las denuncias se concentra en los recursos naturales. El Capítulo I, que agrupa estos delitos, sumó 277 casos, equivalentes al 55% del total nacional. Dentro de esa categoría, la destrucción de recursos naturales, tipificada en el artículo 399 del Código Penal, acumuló 187 denuncias, un 21% más que las 154 de 2025. La tala o destrucción de formaciones vegetales en áreas especiales registró 52 casos, una caída de 31% frente al año anterior, aunque las autoridades siguen viendo a los bosques como blanco de los taladores ilegales.

La fauna también aparece en el informe. Los delitos contra la vida silvestre, correspondientes al Capítulo II, sumaron 44 casos. De ellos, 36 se relacionan con la extracción de especies protegidas o en peligro de extinción, y 8 con el tráfico de especies.

Uno de los datos más llamativos está en los delitos contra animales domésticos, Capítulo IV, con 176 casos. Esta categoría pasó a ser la segunda más denunciada, solo detrás de la destrucción de recursos naturales, y creció 60% frente a los 110 casos de 2025.

Por provincias, Chiriquí registró 91 casos, un aumento de 82% frente a los 50 del año pasado. Panamá Oeste reportó 74 casos, 80% más que en 2025. Colón pasó de 17 a 37 denuncias, un incremento de 118%, el más alto del país en términos porcentuales. En Darién, en cambio, los casos bajaron de 45 a 11, una reducción de 76%, y Los Santos registró 23 casos, con una caída de 50%.

Expertos consultados advierten que estas caídas en zonas de difícil acceso podrían responder a la falta de denuncias, al temor de las comunidades o a la presencia de grupos armados, más que a una disminución real de la actividad ilegal. Por distritos judiciales, el Primer Distrito concentra 239 casos y el Tercero 125.

El informe también revela un vacío llamativo. Los delitos de tramitación y cumplimiento urbanístico territorial apenas suman 5 casos en todo el país, pese a que el Código Penal prevé sanciones para las irregularidades en estudios de impacto ambiental y construcciones en áreas protegidas. Las penas existen en el papel: el artículo 399 contempla de cinco a ocho años de prisión, el artículo 406 para la tala en áreas protegidas o cuencas fija la misma pena, y el artículo 410 para el tráfico de especies amenazadas establece de cuatro a seis años.