Defensoría del Pueblo vigila centros penitenciarios y pide respuesta articulada a las autoridades

La Defensoría del Pueblo, a cargo de la defensora Ángela Russo, reafirmó su compromiso con la protección de los derechos humanos de las personas privadas de libertad. La entidad recordó que estar detenido no elimina el derecho a la vida, a la salud ni a condiciones de detención dignas.

En un comunicado, la institución señaló que desde abril de 2026 ha mantenido presencia constante en los centros penitenciarios del país. Para ello, trabaja a través de la Dirección Nacional de Protección de los Derechos Humanos de las Personas Privadas de Libertad, el Mecanismo Nacional para la Prevención de la Tortura y sus oficinas regionales.

Entre las labores de supervisión mencionó el acompañamiento al traslado de mujeres al nuevo centro La Esmeralda, ubicado en Las Garzas. También realizó inspecciones no anunciadas para verificar las condiciones de detención y abrió investigaciones de oficio ante posibles violaciones de derechos.

La Defensoría informó que remitió solicitudes de información al Ministerio de Gobierno, a la Dirección del Sistema Penitenciario y al Ministerio de Salud. Los temas incluyen los procesos de traslado, la alimentación, la prohibición de la entrega de valores, la atención médica de urgencia y el acceso a la salud, así como la asignación de abogados de oficio. Según la entidad, estas gestiones buscan prevenir cualquier trato cruel, inhumano o degradante.

Además, la institución envió al sistema penitenciario las notas que las personas privadas de libertad entregaron durante las inspecciones. Estos documentos recogen situaciones que enfrentan de forma individual o colectiva.

Para la Defensoría, las soluciones de fondo requieren una respuesta coordinada entre instituciones y con los recursos necesarios. Por eso pidió a las autoridades competentes que actúen a tiempo y que atiendan la convocatoria a un diálogo orientado a garantizar el respeto a los derechos de esta población. La entidad advirtió que continuará fiscalizando con rigor para que cada institución asuma su parte de responsabilidad dentro del sistema de justicia penal y penitenciario.