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AMBIENTE

Declaran culpables a tres extranjeros por venta ilegal de aletas de tiburón

Un tribunal concluyó que pertenecían a una red criminal que operaba con especies protegidas en aguas panameñas. La sentencia se leerá el 11 de noviembre.

Mesa de Sucesos, 1:03 p.m. · 2 min de lectura
Declaran culpables a tres extranjeros por venta ilegal de aletas de tiburón

Un tribunal de juicio declaró culpables a dos mujeres y un hombre extranjeros por delitos contra el ambiente y de delincuencia organizada. El proceso se relaciona con la venta ilegal de más de seis toneladas de aletas de tiburón capturadas en aguas panameñas. Según el fallo, las pruebas presentadas por el Ministerio Público demostraron que los tres formaban parte de una red criminal dedicada a la pesca y comercialización de especies acuáticas en peligro de extinción.

El juicio comenzó el 27 de abril y concluyó el 22 de octubre, es decir, casi seis meses después. La lectura de la sentencia para los sancionados está programada para el próximo 11 de noviembre, fecha en la que se conocerán las consecuencias penales del caso.

La investigación fue desarrollada por la Fiscalía Especializada contra la Delincuencia Organizada, bajo la operación Shark. Según esas pesquisas, la red obtuvo beneficios económicos por un monto de 135 mil dólares. Las autoridades también establecieron que la actividad causó un grave perjuicio al medio ambiente, porque se llevaba a cabo sin ningún tipo de autorización ni control.

El caso se enmarca en la Ley 9 de 2006, que prohíbe el aleteo del tiburón. Esta práctica consiste en cortar las aletas de los ejemplares capturados vivos y arrojar luego sus cuerpos al mar. El artículo 14 de la misma norma prohíbe procesar y comercializar productos derivados de esa práctica comprobada, sin importar si quien lo hace es nacional o extranjero, siempre que esté domiciliado en Panamá. Quienes incurran en esas acciones pueden ser sancionados con multas de hasta 100 mil dólares.

Este no es un hecho aislado. En agosto pasado, el Ministerio de Ambiente ubicó en un puerto de la provincia de Colón un cargamento de 109 sacos con aletas de tiburón que tenía como destino Malasia. El caso fue remitido al Ministerio Público para investigar y establecer quiénes estaban detrás del embarque.

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