De la Espriella advierte que no tolerará violencia en protesta del miércoles

El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, lanzó este lunes una advertencia de cara al paro nacional convocado para el miércoles. En una intervención televisada, afirmó que quien pretenda incendiar el país con protestas violentas se encontrará con la determinación de su Gobierno.

El mandatario reconoció que la protesta pacífica es una garantía constitucional, pero sostuvo que ese derecho no ampara agredir a otros ciudadanos, destruir bienes, amenazar a trabajadores ni impedir el paso de ambulancias y servicios de emergencia. Según dijo, ante hechos que constituyan delitos, las autoridades actuarán conforme a la ley.

De la Espriella acusó a los convocantes, entre ellos sindicatos y grupos políticos opositores, de buscar causar el caos y desestabilizar al Gobierno. Los responsabilizó de haber dejado al país quebrado, cerca de un apagón, con la salud en cuidados intensivos y con recursos públicos saqueados. Se refirió a sí mismo con el apodo de el tigre.

Sobre el Decreto de Protesta Social, que genera polémica incluso antes de su presentación prevista para esta semana, el presidente aseguró que no dará espacio a quienes destruyan o hagan terrorismo urbano. Dijo que no habrá más bloqueos permanentes de carreteras ni carriles de Transmilenio convertidos en trincheras, y que agredir personas, lanzar objetos para herir, retener a alguien o usar a un niño en una manifestación será tratado como delito.

En la misma línea, el Gobierno llevará al parlamento el Decreto Antiterrorista, que crea un registro de organizaciones terroristas, permite congelar bienes y endurece los ataques contra la Fuerza Pública. De la Espriella lo presentó como una herramienta necesaria contra los grupos armados.

El mandatario also defendió los resultados de su ofensiva en los dos meses que lleva en el cargo. Según cifró, se han incautado 125 toneladas de cocaína, 60 de marihuana, 1,092 kilos de heroína y 3,456 armas de fuego, además de detener a 876 presuntos integrantes de estos grupos y matar a otros 70 en distintas operaciones.

Frente a quienes cuestionan su política de mano dura por posibles excesos y violaciones de derechos humanos, respondió que quienes se quejan de la aplicación de la ley a los bandidos no son más que sus cómplices digitales y de opinión.