Cuestionan excepciones a contrataciones públicas en el presupuesto 2027

Representantes empresariales y economistas cuestionaron la posibilidad de que más instituciones realicen determinadas contrataciones por montos inferiores a $1 millón sin aplicar la Ley de Contrataciones Públicas. Las críticas surgen en el marco del presupuesto general del Estado para 2027, donde se pretende introducir este cambio.

La propuesta se presentó como una modificación al artículo 370 del proyecto de ley 644, impulsada por los diputados Benicio Robinson, Luis Eduardo Camacho y otros. Según el texto, se podrían exceptuar de la ley la adquisición de servicios técnicos, repuestos y equipos cuando existan situaciones fortuitas y de urgencia, o circunstancias justificadas de interés público que requieran atención prioritaria.

La iniciativa también amplía las entidades beneficiadas. Empresas e instituciones como el Metro de Panamá, el Idaan, Etesa, la Autoridad de Aseo y el Aeropuerto Internacional de Tocumen se sumarían los ministerios de Educación, Obras Públicas y Gobierno, bajo las condiciones previstas. Cada contratación debería ser inferior a $1 millón, sin acumularse por proveedor o tipo de servicio, y con una disposición contra la fragmentación contractual. Además, cada entidad tendría que emitir una lista de servicios requeridos y adoptar un reglamento especial aprobado por la Contraloría General de la República y publicado en la Gaceta Oficial.

El presidente del Consejo Nacional de la Empresa Privada, Alberto López, consideró que los controles posteriores en ciertas contrataciones pueden ser una alternativa, pero criticó que las medidas se tomen de forma precipitada y sin análisis suficiente. Señaló que decidir sin consultar a los sectores involucrados puede no dar el mejor resultado.

El exministro de Hacienda Fernando Aramburú Porras rechazó prescindir de las licitaciones públicas. Dijo que, para montos menores de $100 mil, podrían contemplarse mecanismos con cotizaciones, pero advirtió que eliminar el requisito de licitación aumenta el riesgo de favorecer a determinados proveedores.

El expresidente del Conep Rubén Castillo pidió fortalecer las instituciones y mantener la transparencia en las decisiones públicas. Reconoció que el país enfrenta una emergencia que exige respuestas rápidas, pero insistió en que esa capacidad debe estar acompañada de fiscalización permanente por parte de la Contraloría.

Por su parte, el economista Luis Morán expresó preocupación por introducir este tipo de cambios mediante el presupuesto, instrumento que describió como uno de los pocos que tiene Panamá para enviar señales a la economía. Recordó que la discusión se da mientras el Estado enfrenta compromisos de inversión y la atención a daños y afectaciones en las provincias.

Los cuestionamientos se concentran en cómo garantizar que la agilización de las contrataciones preserve la competencia entre proveedores, la transparencia y la fiscalización de los recursos.