Costa Rica inaugura cárcel de máxima seguridad inspirada en la megacárcel de Bukele

La presidenta de Costa Rica, Laura Fernández, inauguró este miércoles una prisión de máxima seguridad inspirada en la megacárcel salvadoreña construida por el presidente Nayib Bukele. El penal forma parte de la estrategia de su gobierno contra el crimen, y la mandataria lo presentó como una señal de firmeza frente a los delincuentes, especialmente frente al narcotráfico, que según ella disparó la violencia en un país que durante décadas fue uno de los más seguros de América Latina.

La obra se llama Centro de Alta Contención Contra el Crimen Organizado, conocido como Cacco, y está ubicado dentro del complejo penitenciario La Reforma, en San Rafael de Alajuela, a unos 20 kilómetros al noroeste de San José. Los primeros reos serán trasladados a finales de este mes. El recinto tiene cinco módulos con 17 celdas cada uno, de 90 metros cuadrados, y una capacidad para 60 reclusos por celda, lo que significa un total de 5.100 presos.

El régimen previsto es muy estricto. Según la información disponible, los internos tendrán solo una hora de sol al día, no podrán conservar objetos personales, vestirán uniformes naranja y tendrán un sistema de visitas muy restringido. Durante la visita al penal, Fernández recorrió un pasillo entre hileras de celdas y aseguró que su gobierno marcará un antes y un después en la seguridad penitenciaria y nacional.

La mandataria viajará el próximo viernes a El Salvador para conocer el Centro de Confinamiento del Terrorismo, conocido como Cecot, la megacárcel de Bukele. Según el texto, el gobierno salvadoreño colaboró en el diseño del penal de Costa Rica, y Bukele participó en enero en el inicio de las obras. En la actividad de este miércoles estuvieron presentes los ministros salvadoreños de Seguridad, Gustavo Villatoro, y de Defensa, René Merino.

La decisión genera cuestionamientos. Opositores y activistas sociales señalan que un país con fama internacional de respeto a los derechos humanos está copiando un modelo que, según un grupo de expertos de la ONU, ha derivado en crímenes de lesa humanidad. La guerra antipandillas de Bukele se sostiene en un régimen de excepción que permite detenciones sin orden judicial. En cuatro años, esa política ha llevado a prisión a 93.000 personas, según los datos citados. La organización salvadoreña Socorro Jurídico calcula que una tercera parte de esas personas son inocentes y que más de 500 han muerto bajo custodia estatal.

Fernández aseguró que respetará los derechos humanos. Al mismo tiempo, cuestionó a jueces y fiscales a quienes acusó de ser blandos con los delincuentes, en un choque abierto con el poder judicial. Con la llegada de los primeros reos, el país verá cómo funciona en la práctica un modelo que hasta ahora solo se conocía por su aplicación en El Salvador.