Contraloría suspende a sus representantes en juntas directivas mientras consulta si son PEP

La Contraloría General de la República suspendió temporalmente la participación de sus representantes en juntas directivas de distintas entidades estatales. La medida se mantendrá mientras la Procuraduría de la Administración aclara si esos funcionarios deben ser considerados Personas Expuestas Políticamente, conocidas como PEP, según la normativa vigente en el país.

La decisión se relaciona con el Acuerdo N.° 1-2025, emitido por la Superintendencia de Bancos el 11 de febrero de 2025, que establece una guía de cargos considerados políticamente expuestos. Esa norma busca fortalecer la prevención del blanqueo de capitales y del financiamiento del terrorismo, al identificar a quienes, por las responsabilidades de sus cargos públicos, requieren controles financieros más rigurosos.

En la práctica, una persona clasificada como PEP obliga a las entidades financieras a aplicar una debida diligencia reforzada, con verificaciones sobre el origen de los fondos y un seguimiento más estricto de sus operaciones. La clasificación no equivale a una acusación de corrupción ni supone, por sí misma, actividades ilícitas. El acuerdo incluye entre los posibles alcanzados a funcionarios de alta jerarquía, autoridades electas, altos ejecutivos de empresas estatales y miembros de determinadas juntas directivas.

El punto de conflicto está en que algunos funcionarios de la Contraloría participan en esas juntas solo como representantes institucionales, con derecho a voz pero sin derecho a voto. Según la entidad, no intervienen directamente en la adopción de decisiones, lo que genera dudas sobre si deben recibir el mismo tratamiento regulatorio que los integrantes con facultades decisorias.

Para resolver esa duda, la Contraloría pidió un criterio jurídico a la Procuraduría de la Administración, considerando las disposiciones regulatorias introducidas en 2026. Mientras llega ese pronunciamiento, la suspensión se limita a las funciones de representación y no implica separar a los servidores de sus puestos de trabajo. La institución sostiene que la medida responde a criterios de prudencia institucional, transparencia y seguridad jurídica.

Sin embargo, no precisó cuántos funcionarios están involucrados, qué juntas directivas se ven afectadas ni cuánto tiempo durará la suspensión. La respuesta de la Procuraduría será determinante para definir cómo se aplican las reglas sobre personas expuestas políticamente a representantes que participan sin derecho a voto.