Contraloría saca temporalmente a sus representantes de juntas directivas estatales por duda sobre PEP
La institución pidió a la Procuraduría de la Administración aclarar si sus delegados, que tienen voz pero no voto en esas juntas, deben ser tratados como Personas Expuestas Políticamente.
La Contraloría General de la República congeló, de forma temporal, la participación de sus representantes en varias juntas directivas del Estado. La medida se mantendrá hasta que la Procuraduría de la Administración responda una consulta jurídica sobre si esos funcionarios entran en la categoría de Personas Expuestas Políticamente, conocidas como PEP.
El origen de la duda está en el Acuerdo N.° 1-2025 de la Superintendencia de Bancos, emitido el 11 de febrero de 2025. Ese documento trae una guía de cargos que pueden recibir la etiqueta de PEP. Entre ellos figuran altos funcionarios, autoridades electas, ejecutivos de empresas públicas y miembros de juntas directivas de entidades del Gobierno, empresas estatales y algunas sociedades de capital mixto.
Ser PEP obliga a bancos y otras entidades financieras a aplicar controles más estrictos a la persona, como revisar de dónde vienen sus fondos y vigilar más de cerca sus movimientos. La clasificación busca prevenir el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo, y no equivale a una acusación de corrupción ni a señalar alguna actividad ilícita.
El punto que plantea la Contraloría es que algunos de sus funcionarios se sientan en esas juntas solo en nombre de la institución, con voz pero sin voto. Según la entidad, por eso no toman parte en las decisiones ni en la aprobación de resoluciones, y se pregunta si deben recibir el mismo trato que los miembros que sí votan. La consulta también toma en cuenta disposiciones regulatorias introducidas en 2026.
La suspensión aplica a las juntas donde sus delegados participan sin voto y se limita a esa función de representación. Los servidores públicos no quedan separados de sus puestos. La Contraloría describió la decisión como preventiva y dijo que busca garantizar transparencia, seguridad jurídica y respeto al marco legal.
La institución no informó cuántos funcionarios están afectados, en qué juntas participan ni cuánto tiempo durará la medida. Lo que venga después dependerá del criterio que emita la Procuraduría, que definirá cómo se aplican las reglas sobre PEP a quienes asisten a estas juntas sin facultad de decidir.
