Contraloría pide criterio a Procuraduría sobre funcionarios en juntas directivas

La Contraloría General de la República elevó una consulta a la Procuraduría de la Administración para precisar cómo se aplica el marco normativo sobre las Personas Expuestas Políticamente (PEP). El punto central es la participación de funcionarios públicos en juntas directivas, un tema que ha generado dudas sobre su clasificación.

El contexto normativo incluye el Acuerdo N.° 1-2025 de la Superintendencia de Bancos, que adoptó una guía enunciativa de cargos considerados dentro de esa categoría. Según el documento, en ella figuran miembros de juntas directivas de entidades gubernamentales, empresas estatales y algunas sociedades de capital mixto.

La Contraloría explicó que algunos de sus funcionarios integran ciertas juntas directivas únicamente en representación institucional. En esos casos tienen derecho a voz, pero no a voto, por lo que no participan directamente en la toma de decisiones de esos organismos. Esa condición particular es la que motivó la consulta.

El órgano señaló que, al considerar el marco regulatorio vigente, incluidas las disposiciones introducidas en 2026, consideró prudente pedir un criterio jurídico a la Procuraduría de la Administración. La finalidad es determinar con precisión el alcance y la aplicación de esas normas a los representantes en cuestión.

Mientras llega esa respuesta, la entidad dispuso suspender de forma temporal la participación de sus representantes en estas juntas directivas. La medida, según la propia Contraloría, es preventiva y busca dar transparencia, seguridad jurídica y apego a la ley.

Para cerrar, la institución reiteró que sus actuaciones se guiarán por la prudencia institucional, la transparencia y el estricto cumplimiento de las normas que rigen la función pública.