Contralor enviará al Ministerio Público nueva información sobre auditoría a Panama Ports

El contralor general de la República, Anel Flores, anunció que la próxima semana entregará al Ministerio Público información adicional sobre la auditoría practicada a la concesionaria Panama Ports Company (PPC). El procedimiento alcanza a antiguos directivos de la Autoridad Marítima de Panamá (AMP) y a ejecutivos de la empresa portuaria.

Flores hizo el anuncio durante un conversatorio organizado por el Atlantic Council en Washington D. C. Según explicó, la ampliación del expediente responde a un requerimiento directo del procurador general de la Nación, Luis Gómez, quien pidió más detalles sobre el avance del trabajo de fiscalización.

El contralor fue directo al señalar a los responsables. Dijo que todos los antiguos miembros de la junta directiva de la AMP y los ejecutivos de PPC deben explicar qué ocurrió y responder por el daño causado al país. En ese mismo espacio calificó la concesión como un ejemplo de lo que no debe hacerse en la contratación pública.

Según Flores, el contrato original firmado en 1997 fijaba una contraprestación de $22 millones anuales, más el 10% de los ingresos brutos del complejo portuario. Bajo ese esquema, Panamá llegó a recibir cerca de $29 millones en un solo ejercicio fiscal.

Luego vinieron modificaciones que cambiaron el modelo de cobro hacia los movimientos de contenedores y a ingresos netos, calculados con una contabilidad empresarial a la que el Estado no tenía acceso. El contralor sostuvo que, en un año, esos $29 millones pasaron a $1.4 millones, y criticó que se hayan alterado condiciones de una licitación pública ganada en su momento.

La auditoría de la Contraloría estima que los cambios al contrato representaron una lesión de $1,300 millones para el Estado panameño. Flores también expresó, a título personal, que activos estratégicos como el sistema portuario deberían seguir en manos del Gobierno.

En la misma intervención, el contralor se refirió a la infraestructura pública heredada de administraciones anteriores. Mencionó 140 proyectos paralizados en el país, pese a que muchos tienen avances constructivos superiores al 80%. Estimó que esa parálisis, acumulada en la última década, ha costado más de $1,100 millones, y que se necesitarían $300 millones adicionales para concluir las obras y ponerlas al servicio de la ciudadanía.