Dos décadas después, víctimas del dietilenglicol siguen esperando reconocimiento del Estado

Hace veinte años Panamá vivió una de las peores tragedias de salud pública de su historia. La Caja de Seguro Social fabricó y distribuyó decenas de miles de frascos de jarabes contaminados con dietilenglicol, una sustancia industrial altamente tóxica. El saldo oficial asciende a 291 fallecidos y a centenares de personas con secuelas reconocidas, aunque para muchas familias la crisis sigue presente en su vida diaria.

En Torrijos Carter, Saturnina Córdoba relata que en 2006 consumió un expectorante sin azúcar producido por la CSS, uno de los cuatro medicamentos contaminados. Desde entonces convive con neuropatías severas que le impiden dormir y le provocan una sensación de ardor constante. Dice que en dos ocasiones le negaron el reconocimiento por no tener receta médica, un requisito que, según ella, no debería pesar sobre quienes fueron afectados por el error de la institución.

La situación se repite en otros hogares. Elena, de 28 años, pidió que no se revelara su identidad real. En su familia, tres generaciones ingirieron las medicinas, y ella dice que cumple dos de los cinco criterios exigidos, pero que aun así le han respondido que no califica. Según la Ley XX de 2010, basta con cumplir un solo criterio para ser reconocido como víctima y acceder a la pensión vitalicia.

El Centro Especializado de Toxicología de la CSS atiende a más de 2,300 personas con cuadros sospechosos o secuelas, pero solo unas 890 han sido reconocidas. Cerca de 1,500 personas permanecen en una franja de incertidumbre, entre diagnósticos inconclusos y respuestas negativas. Entre 2015 y 2025, la comisión evaluadora del Minsa recibió 1,383 expedientes, aunque no se sabe qué porcentaje fue aceptado o rechazado. Ante las consultas, el Ministerio de Salud declinó emitir comentarios.

El debate médico es central. Gustavo Santamaría, director de oficiales de cumplimiento de la CSS, sostiene que no hay evidencia en la literatura médica mundial de envenenamiento crónico por dietilenglicol, y que algunas secuelas pueden tener otras causas. Hildaura Acosta, de Ciimet de la Universidad de Panamá, coincide en que la sustancia no se queda en el cuerpo, pero señala que el caso panameño fue único por la presencia del veneno en múltiples medicamentos y concentraciones, y que los sobrevivientes llevan más tiempo de seguimiento que en cualquier otro registro. Daniel Sarmiento, del Comité de Pacientes y Familiares Envenenados, cuestiona que el Minsa no haya cumplido una orden de la Corte Suprema para practicar exámenes a los pacientes con criterios.

La tragedia tuvo su origen en una cadena de fallas. Un fabricante produjo glicerina industrial con un certificado alterado, un intermediario modificó documentos y otro comercializó un producto vencido cuya fecha fue cambiada sin pruebas. La CSS elaboró con esa materia prima unos 260 mil frascos de jarabe, sin controles de calidad, y 60 mil llegaron a distribuirse. Análisis posteriores encontraron lotes con hasta 8% de dietilenglicol, 80 veces por encima del límite tolerable.

Los testimonios muestran que el daño sigue vigente. En Coclé, Yahaira Ureña cuenta que su hija fue envenenada a los 9 meses de nacida y que, años después, ella misma comenzó a sentir deterioro en sus huesos. Pide que el Estado certifique a las personas afectadas y ponga fin a un proceso que describe como un calvario.