Condenan a Ronny Rodríguez y William Pittí por perder equipos de pinchazos

Un juzgado penal de Panamá condenó a seis años de prisión a Ronny Rodríguez y William Pittí, exfuncionarios del Consejo de Seguridad Nacional (CSN), por la pérdida de equipos que se usaron para interceptar comunicaciones privadas de manera no autorizada durante el gobierno de Ricardo Martinelli, de 2009 a 2014. La sentencia la dictó la jueza Águeda Rentería, del Juzgado Primero Liquidador de Causas Penales, por el delito de peculado.

Según fuentes judiciales, la jueza consideró que ambos tienen responsabilidad en la desaparición de los equipos que estaban asignados al CSN en esa época. Rodríguez y Pittí estuvieron prófugos durante 12 años y se entregaron el pasado 26 de marzo. Desde entonces permanecen detenidos provisionalmente en la Dirección de Investigación Judicial (DIJ).

En la audiencia del 24 de abril, el fiscal anticorrupción Javier Cuadra sostuvo que ambos, como agentes de la Dirección de Inteligencia del CSN, tenían a su cargo el manejo y la custodia de los equipos, por lo que debían saber qué pasó con ellos cuando terminó el mandato de Martinelli, el 30 de junio de 2014. Cuadra también indicó que el CSN adquirió el equipo en 2010 a través del extinto Fondo de Inversión Social (FIS), por casi $13.4 millones.

La fiscalía presentó como prueba los testimonios de varios agentes, quienes dijeron que Rodríguez y Pittí tenían tarjetas magnéticas para abrir la oficina donde estaban los equipos, un espacio de acceso restringido en el Edificio 150 del CSN, en Ancón, y que ningún otro funcionario podía entrar. Además, la exdirectora de informática del CSN, Iris del Carmen Rodríguez, explicó que el sistema que manejaban esos dos agentes tenía un cableado distinto al de los demás equipos.

El caso tiene antecedentes. El exdirector del Fondo de Inversión Social, Giacomo Tamburelli, ya fallecido, fue condenado a 10 años de prisión. El exdirector de la Policía Nacional, Gustavo Pérez, también fue condenado en primera instancia, pero la Sala Penal de la Corte revocó esa decisión y lo absolvió. En diciembre de 2014, el Ministerio Público emitió una orden de arresto contra los acusados, quienes se presentaron a las autoridades el 26 de marzo para enfrentar el proceso.

Queda pendiente otro proceso en el mismo juzgado. Allí debe definirse la inocencia o culpabilidad de ambos por una acusación de escuchas telefónicas ilegales hechas con esos equipos, en perjuicio de 150 personas.